Una gobernanza espuria
10 de mayo de 2019
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Siguiendo las “orientaciones” de su padrino, el ex presidente Álvaro Urbe, el mandatario colombiano, Iván Duque, ha ratificado la entrega del mando de las fuerzas militares a los generales que desde el gobierno anterior se demostró su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales perpetradas contra inocentes civiles, a quienes después de asesinados vestían con uniformes de la guerrilla. Más de 3 600 de estos crímenes de guerra han sido documentados hasta ahora, los que siguen en la más completa impunidad.
Tales operaciones encubiertas de guerra sucia, conocidas como “falsos positivos”, son las que ahora Human Rights Watch (HRW) -que muchas veces ha apoyado decisiones del imperialismo- recuerda que se ejecutaron bajo el comando de los nueve generales recién nombrados por Duque como máximos jefes de todas sus tropas, lista que encabeza el propio Comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez.
La faceta más cruel de la guerra sucia sigue siendo el exterminio sistemático y planificado de los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos. Este trato de guerra a la protesta social y a la oposición del régimen, supone un asesinato de estos dirigentes cada dos días.
Este genocidio de los líderes comunitarios y opositores, el gobierno lo sigue atribuyendo a un fantasmagórico escuadrón paramilitar de ultraderecha denominado “Águilas Negras”, pero esto es una fachada de las fuerzas armadas con el fin de encubrir sus operaciones de guerra sucia.
El torcido rumbo de este gobierno lo sufre la sociedad colombiana, pero lo que le importa a Duque es que Trump lo certifique como “buen Presidente”, y para ello es que retoma la fracasada guerra contra las drogas y encabeza la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela.
No debe olvidar Duque que la Corte Penal Internacional (CPI) desde el primero de enero del 2017, incluyó entre sus misiones documentar todo lo referente al Crimen de Agresión de un Estado contra otro, como violación de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, que en su preámbulo orienta:
“Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Respeto a las obligaciones emanadas de los Tratados y de otras fuentes del Derecho Internacional. Practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos. No se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común”.
Otro punto observado es quién verifica y valida las listas de los ex guerrilleros de las FARC. Duque lamenta que su delegado, el Alto Comisionado para la Paz, haya perdido esa atribución, y sostiene que existe el riesgo “que delincuentes se incorporen (a la justicia especial) por la puerta de atrás”.
Duque también considera “inconveniente” que la Fiscalía se abstenga de seguir investigando casos abiertos y que ahora se juzgan en la justicia especial.
Negligencia
Colombia es hoy una plataforma militar de ataque en la frontera con Venezuela, en cumplimiento de los planes de guerra imperialista contra el hermano pueblo venezolano.
El drama humanitario que sufre el Chocó a causa del abandono y la pobreza, como siempre, le merece poca atención al gobierno y a las empresas de comunicación. Las inundaciones que comenzaron el 23 de febrero siguen causando miles de damnificados, quienes han perdido todo, sus viviendas, cosechas y animales.
Algo similar y que viene de tiempos atrás, es la crisis humanitaria sin fin de la etnia Wayúu en La Guajira, en donde sólo extraen ganancias las empresas multinacionales del carbón a costa de secar sus ríos y de exterminar a la infancia por hambre y desnutrición. Las sobras que dejan siguen siendo un festín para las mafias de corruptos, camufladas como militantes de los partidos de la coalición de gobierno.
Recién ahora vienen a reconocer que la pésima construcción de la represa de Hidroituango se debe a que asignaron las obras a contratistas corruptos sin haber hecho licitación pública; y ahora se les derrumban los túneles, como antes se desplomaron los edificios construidos por ellos mismos. Al país le esconden tal corruptela porque Villegas Moreno, el contratista mayor, sigue siendo el gran jefe del Partido Conservador en Antioquia y aliado estratégico del ex presidente Álvaro Uribe.
Cuando Hidroituango secó y atentó nuevamente contra el río Cauca, una vez más salieron a flote las incontables afectaciones causadas al ecosistema y a la población de los 14 municipios ribereños que le siguen a Puerto Valdivia, dejando 150.000 damnificados, sin contar los daños que esta represa causa al conjunto de los Departamentos de la costa Caribe que vivían del río. A estos nunca les pidieron opinión sobre el represamiento del segundo río más importante de Colombia.
Maestros y campesinos del suroccidental Departamento del Cauca, junto con pobladores de la ciudad de Popayán, se encuentran desde hace días en paro indefinido para exigir cumplimiento de acuerdos firmados por el gobierno con movilizaciones anteriores. Hasta ahora la única respuesta ha sido el trato de guerra dado por la policía militarizada.
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