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Tropezón 17

28 de junio de 2019

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La entreguista política del presidente-sorpresa de Ecuador, Lenín Moreno, ya está dando valiosos frutos para el Imperio, que tiene en su Fondo Monetario Internacional (FMI) al instrumento perfecto para subordinar la política y economía del país.

Ya los millones de dólares del préstamo del FMI a Moreno están llegando rápidamente, además de nuevos inversionistas extranjeros que saben que lograrán suculentas ganancias.

Simple y llanamente, Moreno ha permitido el retorno del FMI a Ecuador, donde ha golpeado a la población en otras numerosas ocasiones, pero que no pudo hacerlo durante los diez años de presidencia de Rafael Correa, que con varios dirigentes progresistas del continente están siendo sometidos a campañas de difamación, con vistas a sacarlos del juego político, en el que se incluye la reclusión carcelaria.

Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Sin importar quien lo haya dicho, la ortodoxia económica ecuatoriana parece no entender el enunciado. Así que ha permitido de nuevo el retorno del FMI, que trae consigo la misma receta con la que ha condicionado al país en 16 ocasiones anteriores, desde 1983 al 2003.

El 11 de marzo de este año, Moreno anunció que había llegado a un acuerdo de Servicio Ampliado por 4 200 millones de dólares a tres años con la multilateral, en una burda violación a la Constitución del 2008, que dice en sus artículos 419 y 438 que la ratificación de un tratado internacional requiere la aprobación de la Asamblea Nacional y Corte Constitucional, en caso de que este comprometa “la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales.”

A pesar de ello, y aproximadamente dos semanas después, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó la carta de intención con las propuestas que emprendería el régimen. Esta nueva declaración de voluntad se convierte, repito, en la decimoséptima ocasión que Ecuador emprendía reformas estructurales para satisfacer las condicionalidades del FMI, que en el pasado han demostrado tener un costo altísimo a nivel de estabilidad macroeconómica, derechos y avances sociales.

Y en esta ocasión las proyecciones tampoco son prometedoras:

El FMI en su reporte (Artículo IV) 2019 para la nación andina, espera un decrecimiento del PIB de -0.5 % en el 2019 y un incipiente crecimiento del 0.2% para el 2020, cantidad menor incluso a la registrada en el 2000. En contraste, según la información del Banco Mundial, y sin reformas estructurales neoliberales, el crecimiento anual del PIB en promedio entre 2006 y 2017 fue de 3.3%.

A pesar de ello, el equipo económico de Richard Martínez, Ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, con el beneplácito de Lenín Moreno, ha optado por el camino de la austeridad. En la carta de intención detalla que el objetivo principal del gobierno será el de reducir el déficit primario no petrolero del sector público no financiero, en un 5% del PIB durante los próximo tres años. Es decir, el Estado ecuatoriano dejará de gastar en Ecuador.

La receta “tradicional” incluirá: reducir el tamaño del Estado (Estado mínimo), achicar el gasto fiscal, flexibilizar y desregularizar las relaciones laborales, reformas tributarias para satisfacer intereses de élites económicas y corporativas, privatizar bienes públicos, desregularizar controles estatales – especialmente independencia del Banco Central -, y liberalizar el sector externo.

Para ello se proponen cuatro categorías de intervención: la primera será el reajuste de la masa salarial del sector público, lo cual implicará despidos masivos – se renovará solamente el 50% de contratos que expiren en sectores no sociales –, reducción de salarios, y no renovación para contratos ocasionales. La segunda área será la reducción de subsidios a combustibles, especialmente diésel industrial. La tercera, una reforma tributaria con mayores beneficios para los niveles más altos de la sociedad; y para terminar, una reducción del gasto público de capital, bienes y servicios.

El presente análisis se centra, primordialmente, en la propuesta de austeridad expansiva que propone el gobierno, que es el eje de todo el acuerdo con el FMI, el cual nace viciado. Porque se basa en muchos supuestos ortodoxos sin fundamentos en la economía real.

Un caso de estudio es la comparación de las políticas de austeridad aplicadas en Portugal., y esto sirve de aviso acerca de lo que le pude pasar al gobierno de Lenín Moreno:

Para el 2011, la nación ibérica estaba al borde de un colapso económico, así que acudió al FMI, la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo por aproximadamente 91 000 millones de dólares. Cumpliendo con la receta, un paquete de medidas de austeridad fueron condicionadas e inmediatamente aplicadas entre el 2011 y el 2014.

Sin embargo, la medicina terminó siendo aún peor que la enfermedad: para el 2014 el crecimiento del PIB era negativo y el desempleo llegaba al 15%.

El descontento social resultó en el triunfo parlamentario de una mayoría conformada por una coalición de izquierda, liderada por Antonio Costa, que en el 2015 empezó a revertir las medidas más duras de austeridad: aumentaron los salarios del sector público, el salario mínimo y las pensiones, e incluso volvieron a brindar ciertos derechos adquiridos por los trabajadores. El resultado sorprendió, incluso al FMI, que no tuvo otra salida que aceptar su error, luego de haber hecho tanto daño.

Así, sin dudas pasará en Ecuador, con medidas de austeridad que provocará y empeorará la recesión, creando un círculo vicioso, todo producto de este tropezón 17 protagonizado por Lenín Moreno.

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