Tragedia española

27 de agosto de 2015

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Arnaldo Alfonso Musa Pachá

Hace poco más de un año, el presidente norteamericano, Barack Obama, alababa los “grandes avances” que había hecho España en materia de “estabilidad económica, reducción del déficit y vuelta a los mercados financieros”, mientras la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, manifestaba que el gobierno de Mariano Rajoy “va por el buen camino”.
Hoy, el desempleo sigue situándose en un 25%, con un 40% en la masa juvenil, y la pobreza relativa es del 21%, pero lo que más importa a la nomenclatura es seguir pagando la deuda contraída con el Banco Central Europeo, vigilada de cerca por Alemania, sin que pueda paliar los estragos causados a una población cuya calidad de vida ha mermado ostensiblemente.
Lo peor es la quiebra de aspectos básicos para impedir que se rompa la impunidad con la que se han blindado los verdaderos responsables de la crisis.
Es decir, no hay sanción para los culpables de haber arruinado deliberadamente empresas y vidas.
La crisis comenzó ya en el 2007, en el gobierno de José María aznar, pero como en Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria estalló ya plenamente en el 2008, lo que supuso que muchas viviendas terminadas se quedaron sin comprador y siguen sin encontrar uno, entre otras razones porque la banca controla con mano de hierro la oferta para impedir que los precios caigan.
También supuso un endeudamiento excesivo para muchas familias que se metieron en un mal negocio. Los desahuciados de sus viviendas son la punta del iceberg de ese drama, muchos de los cuales siguen teniendo, después del desahucio, cuantiosas deudas con los bancos que les concedieron la hipoteca, cuando lo más normal, lo más justo, e incluso lo más eficiente en términos económicos sería que la entrega de la vivienda cancelara toda la deuda.
El sistema bancario español fue considerado por diversos analistas como uno de los más sólidos entre las economías de Europa Occidental y de los mejor equipados para soportar una crisis de liquidez, debido a la política bancaria restrictiva que obligaba a mantener un porcentaje de reservas alto. Sin embargo, este análisis resultó ser incorrecto por otros factores; porque durante la burbuja inmobiliaria esta política se relajó y el regulador, el Banco de España, actuó con omisión. El sistema de “aprovisionamiento contable” no superó los estándares mínimos del International Accounting Standards Board, por lo cual se hizo vulnerable.
Posteriormente, se comprobó que la mayor parte de los parlamentarios tenían importantes inversiones en el sector inmobiliario, alcanzando en algunos casos hasta 20 propiedades. Otras informaciones periodísticas revelaron numerosas complicidades de los gobiernos central y autonómicos con el sector bancario (la prensa internacional expresó sorpresa por el indulto del número 2 del Banco Santander, Alfredo Sáenz, quien había sido condenado a prisión por delitos de falsificación documental). Al mismo tiempo los principales partidos estaban fuertemente endeudados con los bancos.

 

LOS MÁS AFECTADOS

 

La crisis afectó a toda la población, pero los más pobres perdieron muchos más que los más ricos: el 10% más pobre vio bajar sus ingresos anuales un 42,4% mientras que para el 10% más rico solo se redujeron un 5,6%. Por ello España se convirtió en el segundo país con mayor desigualdad económica de toda la Unión Europea, solo superado por el Reino Unido. El salario medio anual bajó un 3%, pero los sueldos más altos subieron un 2,45%
La crisis causó una caída del consumo privado en general y, más concretamente, del de alimentos, al contraerse el gasto en un 19,6% en términos reales.
Como se pudo comprobar, en las más recientes elecciones locales los partidos tradicionales vieron mermada su votación, y algunos grupos presuntamente independientes y de izquierda surgidos de las manifestaciones populares contra los responsables de la crisis, llegaron a ocupar cargos importantes en determinadas ciudades.
Este desgaste empezó a manifestarse en las elecciones al Parlamento Europeo del 2014, en las que la suma de Izquierda Unida y Podemos superó el 18% de los sufragios. Esta última agrupación aumento su fuerza de tal manera que se llegó a pensar que alcanzaría al derechista gubernamental Partido Popular.
Pero, lamentablemente, esos grupos están controlados por entes que temen separarse de la zona euro, igual error político que hizo inestable al izquierdista gobierno de Tsyriza en Grecia, cuando contaba con un gran apoyo popular.