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Torturas y ejecuciones en Estados Unidos

2 de diciembre de 2014

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La política exterior de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, caracterizada por utilizar a su antojo y en su beneficio el manido tema de los derechos humanos, con el cual procura acusar y desacreditar a cualquier otro gobierno que no se pliegue a sus dictados imperiales, fue desenmascarada por expertos independientes que forman parte del Comité de la ONU Contra la Tortura.

En rueda de prensa ofrecida por uno de ellos, Alessio Bruni, fue puesta al desnudo una vez más la hipocresía y el doble rasero con que Washington encara tan sensibles aspectos como la tortura y las ejecuciones sumarias, mostrando cómo las autoridades estadounidenses no solo violan la Convención Contra la Tortura, -tratado internacional del cual son signatarios,- sino también la octava enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América que prohíbe ”los castigos crueles e inusuales”.

Tales señalamientos de los expertos tienen lugar dentro de las conclusiones de este Comité con motivo de la revisión del informe presentado por el gobierno yanki sobre su cumplimiento de dicha Convención Contra la Tortura, efectuado en Ginebra a mediados de noviembre.

Especialmente señaladas fueron las crueles medidas que acompañan al internamiento de los condenados en el llamado “corredor de la muerte”, que en muchos casos se prolonga por 10 o 12 años y es considerado inconstitucional según las propias leyes estadounidenses.

El Comité, integrado por diez expertos de diferentes partes del mundo, condenó estos procedimientos y los retrasos de que son objeto y exhortó a reducirlos a períodos mucho más breves que el sufrido actualmente por centenares de condenados a muerte en el país estadounidense.

En cuanto a la pena capital, expresó preocupación en cuanto a la admisión, por parte de las autoridades de Estados Unidos, de que en la actualidad no considera examinar la abolición de la pena de muerte en el ámbito federal, a la vez que advirtió cómo en ese país las ejecuciones van acompañadas de fuerte dolor y sufrimiento prolongado e irregularidades en el curso de las ejecuciones, como lo ocurrido recientemente en Arizona, Oklahoma y Ohio.

El Comité recomendó al gobierno de Washington revisar tales métodos y le recordó que debe garantizar las salvaguardas y protección de los reos condenados a penas de muerte, según lo aprobado por el Consejo Económico y Social de la ONU en la resolución del 25 de mayo de 1984 a ese respecto.

Asimismo, se alentó a las autoridades estadounidenses a establecer una moratoria de las ejecuciones en todo el país, con vistas a una futura abolición definitiva de esta pena, conmutarla a los ya condenados y adherirse al segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que crea las condiciones para su eventual abolición.

Indudablemente, en pocas ocasiones como en esta un órgano consultivo de Naciones Unidas se pronuncia de manera clara y específica acerca de las reiteradas violaciones a los derechos humanos en el seno del país imperial.

Las consideraciones recién emitidas por los expertos del Comité Contra la Tortura representan que, a pesar de toda la maquinaria propagandística y falaz puesta en práctica tradicionalmente por Estados Unidos, las cuestiones relativas a la violación de los derechos humanos en ese país pueden comenzar a ponerse en claro y los verdaderos culpables pueden comenzar a ser expuestos.

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