Sin explicación
5 de marzo de 2015
|Aun por cumplir las promesas del presidente Enrique Peña Nieto sobre la explicación de los casos de desapariciones forzosas en México, y no solo el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace cinco meses, uno se pregunta el porqué nadie exigió lo mismo a los anteriores mandatarios Fox y Calderón acerca de las mujeres muertas en Juárez, los bebés quemados de Hermosillo, los cuerpos decapitados en Guadalajara y muchos macabros etcéteras al respecto.
Ya a principios del pasado mes de febrero, el gobierno mexicano no pudo dar explicaciones a Naciones Unidas sobre los educandos de magisterio secuestrados y desaparecidos, presumiblemente incinerados y esparcidas sus cenizas, al estilo de las ceremonias fúnebres hindúes, aunque estas con un sentido totalmente distinto y correcto.
Peña Nieto ya había anunciado en noviembre último que concretaría una ley sobre desapariciones forzadas, y ahora fue que se comprometió a hacerla conocer en junio venidero.
Tan grave es el problema que no se cuenta con una cifra global de personas desaparecidas, y siempre surge algo al respecto, cuando se encuentran sus cuerpos y puedan ser reconocidas, si se toma el interés adecuado.
El fenómeno, según organizaciones de defensores de derechos humanos, ha afectado a más de 22 000 personas entre diciembre del 2006 y octubre pasado. Extraoficialmente, se afirma que 9 790 mexicanos habían desaparecido desde el 1 de diciembre del 2012.
Las cifras ofrecidas públicamente sobre personas en esta condición por el actual gobierno han fluctuado entre 8 000 y 26 121; la más reciente, anunciada en octubre del 2014, es de 23,371, sin especificar cuántas corresponden a desaparición forzada, cuáles son atribuibles a la delincuencia organizada y quiénes están en calidad de “no localizadas”.
AYOTZINAPA, POR SUPUESTO
Como se puede comprender, en virtud de los antecedentes al efecto, muchas de estas cuestiones apenas verían la luz si no hubiera existido la problemática de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, quienes —de acuerdo con la investigación federal— fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Estos, según el gobierno, fueron asesinados a sangre fría e incinerados, y arrojados sus restos a un río.
“Para nosotros (los familiares), el hecho de que haya unos ojos extras mirando lo que pasa en México es un alivio”, dijo a EFE Guadalupe Fernández Martínez, madre del ingeniero José Robledo Fernández, desaparecido en el 2009, y representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.
Pero se hace difícil ser optimista, cuando en el hermano país muchas de las leyes que se gestan son violadas casi al surgir y no se hace nada para enmendar el entuerto; bastante se resolvería si fueran aplicadas a todos por igual, sin tolerancia.
Entre tanto dolor surge la esperanza de que se escuchen las voces del pueblo y la sangre derramada no sea en vano, si se hiciera justicia en una nación con gente extraordinaria, inteligente, creativa, luchadora y con recursos que debían ser mejor administrados.
Quizás alguien recuerde que México, durante muchos años, se mostró como el paladín de los Derechos Humanos en América Latina, e incluso fue la única a nación que no rompió con Cuba, cuando el Imperio lo exigió.
Pero ahora la insuficiencia arrastra al denominado país de los aztecas, lo cual hace aumentar las sospechas que son mucho más graves de lo que se imaginaba las implicaciones de personeros gubernamentales de todos los estratos en el crimen organizado y las persecuciones políticas.
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