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¿Qué ocurre en Guatemala?

28 de septiembre de 2017

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La interrogante anterior es la que muchos se preguntan desde hace tiempo, cuando aparecieron esporádicamente las primeras noticias acerca de la “lucha contra la corrupción” en Guatemala. No pocos se sorprendieron de que ese viejo y conocido fenómeno que corroe al país centroamericano desde épocas lejanamente anteriores emergiera a los primeros planos de la actualidad y se cebara en esta ocasión –en un hecho sin precedentes– con el propio presidente y la vice presidenta de la República en aquellos momentos, quienes se vieron encausados y aún guardan prisión por esos delitos.

Como salida aparentemente tranquilizadora ante la situación creada se efectuaron nuevas elecciones; los políticos tradicionales removieron influencias, financiamientos y compromisos, como es habitual en el país, y un nuevo presidente fue electo y su recién creado partido tuvo mayoría parlamentaria.

No puede ignorarse, sin embargo, que allí funciona desde etapas anteriores una original Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que cuenta con el aval de Naciones Unidas, aunque recibe también otros financiamientos, entre ellos del gobierno de Estados Unidos. Esta Comisión juega desde entonces un activo papel en la situación guatemalteca y su presencia y disposiciones han sido convalidados recientemente por la Corte Constitucional.

El choque frontal entre la CICIG y el actual gobierno desató la crisis al verse impedidas mutuamente ambas partes de ejecutar sus propósitos inmediatos. El mandatario Jimmy Morales no pudo expulsar del país al presidente de la citada Comisión –a la que acusa ahora de interferencia en los asuntos internos– que fue protegido por la Corte.

Por su parte, el Parlamento aprobó mayoritariamente que el presidente no puede ser enjuiciado y le ratificó su inmunidad constitucional.

Aunque la existencia de corrupción generalizada, pública y privada –incluyendo la que se genera del narcotráfico–, nadie la niega, surgen ya voces en el país a quienes llama la atención que el tema haya escalado niveles tales, ocultando otras luchas sociales promovidas por los trabajadores y las grandes masas indígenas en constante movilización.

Surgen entonces las dudas acerca de si la “lucha contra la corrupción”, sin dejar de ser justa, no estará siendo utilizada por oscuros intereses que buscan desviar la atención y el instinto popular de otros temas subyacentes y esenciales que, en definitiva, son la causa primaria de esa corrupción generalizada.

O no habrá también intereses geopolíticos imperiales que buscan preservar a Guatemala como “joya de la corona” y utilizan a la lucha contra la corrupción como una simple purificación del mismo sistema que la ha generado y eternizado.

La omnipresencia de los gobiernos de Estados Unidos dentro de la situación guatemalteca, sobre todo a partir del fatídico 1954, hace pensar a observadores locales y centroamericanos que esa mano puede mover los hilos invisibles de la “lucha”, a la que no son ajenos sectores de la oligarquía aprovechándose de ella para sus ajustes de cuentas.

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