Proceso preñado de obstáculos
31 de enero de 2017
|Hace unas horas, unos 600 combatientes de las Fuerzas Armadas-Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo acaban de trasladarse a lo que llaman zona veredal, en la cual, en esta ocasión, el gobierno creó condiciones mínimas humanitarias para su acogida, como parte del proceso de paz firmado entre las dos partes para poner fin a una guerra de más de cinco décadas.
Es bueno destacar lo anterior, porque algunas de estas operaciones han tenido que ser retardadas, debido al incumplimientode los elementos oficiales encargados de la cuestión.
Esto ocurre con el inicio del diálogo entre el gobierno y la otra guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, en Ecuador, que está muy atenta al proceso que se lleva a cabo con las FARC-EP, en el que, realmente, aún influyen personas que dentro y fuera del gobierno no han dejado a un lado la mentalidad contrainsurgente.
En este contexto descuella la impunidad de los autores de la ola de asesinatos de líderes sindicales, campesinos y de derechos humanos, algunos de los cuales tenían papeles importantes en el proceso, incluso en la venidera campaña electoral, en representación de lo que ahora son ex combatientes por lo menos en este momento.
La no persecución efectiva del paramilitarismo, el fortalecimiento de ejércitos privados de latifundistas y de individuos que medran con el narcotráfico inciden en la lentitud y peligro del lento proceso.
Es algo común que cada vez que los combatientes abandonan sus zonas de control, esos individuos se mueven para ocuparlas, sin que el ejército lo impida.
Es más, la retirada de las guerrillas de algunas zonas hace que se cambien las relaciones locales de poder, lo cual desencadena violencia alrededor de las economías de guerra de los cultivos de coca, de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y elementos de poder político.
Lo triste de todo esto es que gran parte de la sociedad colombiana desea el cambio para la paz, pero los factores antes enumerados desencadenan la polarización política, el lenguaje de odio, por lo cual si no se atiende urgentemente la situación creada principalmente por el paramilitarismo, que solo sabe matar, no será posible hablar de paz en Colombia.
En este contexto, permanecen en la nación sudamericana siete bases a las que tiene acceso Estados Unidos, cuyo personal goza de completa impunidad o, en caso de delito, no puede ser juzgado en Colombia, cuyo gobierno acaba de establecer nexos oficiales con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, algo inédito e incomprensible para una nación latinoamericana, y más cuando se dice que se quiere terminar con la guerra interna de más de medio siglo.
Además, no se puede descartar la importancia que tiene para los narcotraficantes colombianos narcotráfico la gran demanda de drogas desde Europa, debido a los recientes tropiezos que han tenido sus adláteres mexicanos, lo cual promete ganancias para quienes lucran al respecto, mucho más importante para ellos que las vidas humanas cercenadas en un proceso que debería llevar la paz a Colombia.
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