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Pirata británico en tierra argentina

24 de junio de 2013

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Cuando Estados Unidos ejerció su poderío en aguas del Pacífico, expulsó a miles de habitantes autóctonos de pequeñas islas que, con complicidad aliada y de Naciones Unidas, las convirtió en “repúblicas independientes”, con habitantes sin libre albedrío, ”que votan de una manera u otra a favor de todo lo que Washington desee, incluso en el rechazo a la condena del injusto y criminal bloqueo contra Cuba y, si acaso, se abstienen, un mérito de por sí, debido a su condición de colonia “tapiñada”.
Este tipo de cuestión no es original estadounidense, sino que fue una réplica, aunque no igualada, de lo peor que hizo Gran Bretaña con  las Islas Malvinas, a las que llamó Falkland.
El Reino Unido ocupó las islas por la fuerza en 1833, expulsando a su población y no permitiendo su retorno, vulnerando así la integridad territorial argentina y su unidad nacional, lo cual, sin lugar a dudas, es contrario a la Resolución 1514 (XV) de las Naciones Unidas, relativa a la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, la cual establece en su párrafo sexto que “todo intento encaminado a quebrar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.
Desde entonces, la ocupación de Londres se ha mantenido, bajo la denominación de territorio británico de Ultramar, salvo en la breve guerra de 1982, tras lo cual el Reino Unido facilitó la llegada de colonos al archipiélago, ubicado a 341 kilómetros de las costas de Patagonia.
Las Malvinas se hallan dentro de la plataforma continental de América del Sur, rodeadas por el mar epicontinental que Argentina denomina Mar Argentino, por lo cual Buenos Aires reivindica sus derechos sobre las islas y exige su devolución, considerándolas parte integral e indivisible de su territorio.
En febrero de 1990,  Argentina y el Reino Unido restablecieron las relaciones diplomáticas, que habían sido interrumpidas en abril de 1982, mediante la adopción de una fórmula de salvaguardia de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, llamada “paraguas de soberanía”, fórmula que se aplica a todas las reuniones bilaterales sobre aspectos prácticos vinculados a las Malvinas, así como a las declaraciones y actos de las partes o de terceros que tengan lugar como consecuencia de lo convenido en las reuniones.
Tras el  hallazgo de posibles ricas vetas petrolíferas, el Reino Unido ha incrementado su presencia militar en la zona, construyendo una base aérea, RAF Mount Pleasant,  para que pudieran aterrizar cazabombarderos, y como aeropuerto para comunicar las islas con otros lugares en menos tiempo. Dignatarios británicos visitan las islas regularmente para mostrar su apoyo. También desde 1999 se ha autorizado un vuelo semanal desde Punta Arenas (Chile) mediante LAN Chile, con la anuencia del gobierno argentino, haciendo escala una vez al mes en Río Gallegos.
Argentina sustenta sus derechos sobre las islas en base a consideraciones geográficas, históricas y jurídicas.
En lo geográfico, las islas Malvinas se encuentran a escasa distancia del territorio continental argentino, emergiendo con continuidad geológica de su plataforma continental.
En lo histórico, las islas fueron descubiertas por barcos al servicio de España, y tanto este país como Argentina hicieron “ocupación efectiva”, principio que el Reino Unido y los principales países europeos reconocían entonces como título esencial para la adquisición de la soberanía territorial.
Argentina tras su independencia, heredó los derechos de España en virtud de la doctrina del uti possidetis iuris y de la de “sucesión de estados”, por lo que ejerció un “dominio eminente” a partir de 1810. Al reconocer España la independencia argentina, cedió explícitamente esos derechos con retroactividad al 25 de mayo de 1810.
Cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata tomaron posesión efectiva de las islas el 6 de noviembre de 1820, el Reino Unido no efectuó protesta alguna. Ni lo hizo el 15 de diciembre de 1823, cuando reconoció a las Provincias Unidas, ni cuando firmó con ellas el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación del 2 de febrero de 1825.
En este contexto hay que rememorar que Gran Bretaña abandonó su asentamiento en 1774 y renunció a su soberanía, firmando un tratado, mientras Argentina siempre ha reclamado su soberanía y nunca ha renunciado a ella.
Por lo tanto, la ya mencionada invasión de 1833 fue ilegal ante el Derecho de Gentes y violó el Artículo Cuarto de la Primera Convención de Nutra, firmada el 28 de octubre de 1790, y otros tratados firmados por Gran Bretaña que reconocían a España sus derechos en América del Sur y a la exclusividad de navegación en el Atlántico Sur:
Lo cierto es que Argentina ha estado infructuosamente de sentar a Gran Bretaña para el diálogo pacífico sobre la cuestión, en tanto, Londres ha respondido con el envío de buques de guerra como símbolo de fuerza y esgrimido hipócritamente que nunca pasará “sobre la autodeterminación de los isleños” que “sembró”, tras la expulsión de los habitantes autóctonos argentinos..
El respaldo a los legítimos derechos de Argentina en la disputa de la soberanía de las islas Malvinas ha sido expresado irrestricta y unánimemente por organizaciones y entidades internacionales como el Grupo de Río, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe (CELAC).
¿Quién apoya a Gran Bretaña, aunque no lo exponga abierta y constantemente en este caso? Quién va a ser, sino Estados Unidos, como pago al aliado que siempre lo acompaña en cada una de sus guerras de agresión a los pueblos más pequeños.

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