Pecado compartido
21 de septiembre de 2016
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Si ustedes pudieran haber leído las políticas que los candidatos presidenciales de Estados Unidos desean emprender sobre México, se darían cuenta que en ellas está implícita la apertura a una posible intervención militar norteamericana, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y eliminar la ola de inmigrantes que tratan de cruzar el Río Bravo u otro punto fronterizo hacia el Norte.
El republicano Donald Trump ha reiterado que piensa construir un enorme muro en la frontera, lo cual encierra el permiso de seguir permitiendo a “justicieros” racistas cazar a tiros a los mexicanos que lo puedan traspasar.
En el caso de la demócrata Hillary Clinton, recordó sus días de Secretaria de Estado, cuando indicó que militares estadounidenses se podrían implicar en el combate a los jefes mafiosos del país de los aztecas, otro pretexto para, como ocurrió en el caso de Colombia, convertir a México en una base preventiva militar.
Estados Unidos es el mercado más grande de drogas ilegales y México es el proveedor más importante de marihuana y la segunda fuente de heroína para ese país. Los cárteles mexicanos de la droga trafican cocaína y heroína colombianas por su territorio con destino a EE.UU. y gran parte de la marihuana y la metanfetamina que se vende en territorio norteamericano es elaborada en México.
Muchos oficiales de la policía en las ciudades fronterizas mexicanas han sido blanco de asesinatos de los cárteles de la droga que han adquirido uniformes del ejército mexicano, Humvees, granadas y rifles tipo francotirador de calibre 50, que pueden penetrar carros blindados ligeros, los cuales provienen de traficantes residentes en Estados Unidos, donde las leyes para venta de armamento son virtualmente inexistentes.
Ello ha hecho que desde que empieza un plan oficial para -después de iniciado el plan gubernamental para combatir el gangsterismo, con todas sus derivaciones, el saldo trágico es cada vez mayor, con miles de muertos, desaparecidos y secuestrados y el aumento del tráfico de droga y de armas.
Un diario balance de los resultados de la violencia desatada en territorio mexicano por los cárteles de la droga muestra la persistencia de los asesinatos y choques sangrientos en distintos puntos del país con los grupos de narcotraficantes armados hasta los dientes.
Se dice que una adecuada ley de inmigración podría ayudar al respecto, pero lo cierto es que la administración del presidente Barack Obama no ha podido hacer aprobar ni una línea de las medidas que pretende adoptar y, al revés de lo que se quería, aumentó el número de mexicanos deportados, muchos de los cuales, desesperados, caen en las redes de los jefes de la droga. Solo en lo que va del gobierno de Obama han sido deportados de un millón y medio a dos millones de mexicanos y aprobadas leyes antiinmigrantes en Arizona, Georgia y Alabama, esta última extremadamente represiva y violatoria de los derechos humanos.
Es decir, México se desangra por el crimen organizado y el narcotráfico, bajo la “piadosa” mirada de Estados Unidos, sin que se haga nada para evitarlo.
Ello es aún más lamentable, porque se requiere de una genuina cooperación bilateral, de planteamientos integrales y novedosos, y aunque ahora se habla de reformas educativas y sanitarias, parece ser que su incongruencia no permitirá paliar la grave situación.
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