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Otro año sin reforma

28 de diciembre de 2013

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Los once millones de migrantes indocumentados que, -según datos más o menos aceptados pero aún imprecisos,- radicados en Estados Unidos vieron transcurrir otro año  sin que la prometida “reforma migratoria” llegue a concretarse, a pesar de haber sido promesa electoral en varias campañas presidenciales, incluidas las más recientes de Barack Obama.

En medio de la angustia y la incertidumbre en que pasan sus vidas permanentemente amenazadas por la expulsión, el desempleo y el desalojo, los desesperados migrantes no tienen más remedio, por ahora, que mirar hacia las llamadas elecciones legislativas de medio término, de cuyos resultados podría depender en gran medida el desenlace de la tan llevada y traída reforma migratoria, según especialistas en la complicada trama migratoria.

Por el momento, el Congreso (senadores y representantes) mantiene la reforma en una especie de limbo jurídico, mientras que la mayoría republicana en la cámara baja se niega a debatir el proyecto aprobado en junio por el Senado, de mayoría demócrata.

Un mal augurio, sin embargo, es que en los últimos meses la comisión judicial de la cámara baja ha aprobado nada menos que cinco proyectos de ley restrictivos a la inmigración y se vaticinan otros más que, de ser aprobados, seguramente reafirmarían la negativa republicana a conciliar una versión bicameral.

Por su parte, el presidente Obama se muestra ahora más proclive a aceptar la tesis republicana de “una reforma por partes”, contrariamente a la reforma integral que una vez defendió, afirmando en reciente discurso en San Francisco: “Algunos (republicanos) dudan hacerlo en un proyecto de ley grande, como lo hizo el Senado. Está bien. Pero siempre y cuando todas las piezas se completen pronto y cumplamos con los principios que hemos mencionado por mucho tiempo”.

Un punto clave y alrededor del cual persisten las mayores discrepancias es si la reforma incluye o no la opción de la naturalización, si ella solo es para determinadas categorías de inmigrantes y los demás solo serían “legalizados” e incluidos en una amnistía.

Simultáneamente, Obama y los legisladores de ambos partidos buscan o aparentan buscar una solución, pues seguramente no ignoran las profundas consecuencias políticas que tendría este interminable engaño a la población migrante indocumentada que, -aunque carece del derecho al voto,- ejerce notable influencia a través de sus familiares y de las comunidades donde reside y los sectores estadounidenses con los que se relacionan.

Un importante dato que no debe perderse de vista es que el promedio anual de deportaciones llegó en el año 2013 que concluye a la extraordinaria cifra de 400 000 deportados, hispanos fundamentalmente, lo cual pone en duda los aparentes esfuerzos y combinaciones de diverso tipo que dicen estar procurando tanto la Administración como los políticos, cuando a la vez están teniendo lugar deportaciones sin precedentes.

Hipocresía y doble rasero, -como es habitual en la política norteamericana,- caracterizan también los intentos de reforma migratoria mientras once millones de víctimas seguirán esperando otro año más.

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