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Tolerancia cero a la corrupción

17 de marzo de 2014

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Cuando el primer ministro chino, Li Keqiang, habló de tolerancia  cero a la corrupción, ponía el dedo en la llaga en el principal problema que tiene que enfrentar la construcción del socialismo en la República Popular, un mal inherente a cualquier tipo de sistema, pero que es realmente necesario para la eliminación de la inequidad y la desigualdad y vivir en un mundo mejor, con justicia social.
Desde que el mundo es mundo, se dice corrientemente, tal problema se ha convertido en un mal en la sociedad, teniendo al capitalismo como paradigma, en el que “corrupción, con corrupción se paga”.  Pero no nos interesa tratar sobre lo que pasa en un sistema donde la explotación del hombre por el hombre es lo primordial, sino de otro que tratamos de hacer viable y el que la condición humana a veces torna dificultoso.
Así se puede observar la principal causa de la desaparición del incompleto campo socialista europeo, con la Unión Soviética a la cabeza, en el que la ambición fue tan poderosa, quizás más, que la penetración de la inteligencia enemiga.
En el caso de Cuba este problema no solo no ha sido obviado, no obstante años de “secretismo”, que no ayudan a resolverlo, sino que se implementan medidas al respecto y se busca la participación de la comunidad en la lucha contra la corrupción y sus “parientes”,  las ilegalidades y las indisciplinas en las empresas estatales, su principal reservorio.
Es más, se busca el ejercicio de los derechos que tiene cada ciudadano para participar en esa tarea, específicamente los delegados de las circunscripciones y los presidentes de los Consejos Populares, con el fin de salir al paso a los métodos de dirección que propician los hechos delictivos y el mal uso de los recursos del Estado.
Quizás podemos tener un fundado optimismo, porque se cuenta con una Contraloría General de la República que perfecciona cada vez más el trabajo de los auditores para no dar margen a las equivocaciones,  identificar los problemas y poder profundizar en las causas que los originan.
Así, se convierten en una eficaz arma de combate para salvaguardar las entidades, pero también para realizar una labor preventiva, muy necesaria a fin de proteger al hombre.
En el caso de China, el premier LI dijo que “es un país bajo el Estado de Derecho. No importa quién sea o lo importante el cargo que ocupe, si viola la disciplina del Partido y la ley del país, será castigado, porque todos somos iguales ante la ley”.
En una rueda de prensa, el Primer Ministro prometió que habrá una campaña para atajar actividades ilegales, como la falsificación de bienes de consumo, el fraude, la violación de los derechos de propiedad intelectual y la contaminación.
Con anterioridad, el presidente Xi Jinping ya había llamado al fortalecimiento en la lucha anticorrupción y en la implementación de profundas reformas para combatir el enriquecimiento ilícito, y subrayó que ello es clave en su política.
En este contexto se han investigado casos de corrupción en los que se hallan implicados funcionarios del Partido Comunista de China, incluidos aquellos con altos cargos, en una demostración a toda la sociedad de que quienes violen las leyes y disciplinas partidistas serán castigados severamente, sin importar quiénes sean o qué cargo ocupen.
Ello se hace necesario en una nación como China, donde se construye un socialismo con sus propias especificidades, y que enfrenta un peligro que se puede volver endémico, para satisfacción de sus enemigos externos y de quienes lo propugnen en lo interno.
Porque la corrupción en la República Popular China -inmersa en la profundización de la política de reforma y apertura-, no solo es el uso de la autoridad y recursos públicos para fines privados, sino también sus peligrosas consecuencias.
Y es que puede contaminarlo todo, pues crea debilidad o inestabilidad, instaura la falta de confianza en las autoridades y sus políticas públicas, propicia la competencia desleal o, incluso peor, la falta de competencia, además de aumentar los costos empresariales, socavar la confianza de los inversores y obstaculizar la creación de empresas en nuevas áreas de negocio.

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