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Muerte cruzada, democracia en terapia

18 de mayo de 2023

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El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, echó manos al artículo 148 de la Constitución de su país, disolvió la Asamblea Nacional y aplicó el mecanismo de «muerte cruzada», que le permite «gobernar por decreto» hasta seis meses, con el control de la Corte Constitucional.

Lo hizo después de haber comparecido en el Legislativo para decir su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por presunto peculado.

El argumento empleado por Lasso para disolver la Asamblea, es, según él, porque el país vive una «grave crisis política y conmoción interna».

«Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones», dijo el actual mandatario.

La decisión de Lasso se produce precisamente en el momento en que la Asamblea Nacional se proponía solicitar su destitución por presunto delito de malversación de fondos públicos.

Se trata de un contrato firmado entre la empresa Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tanker Pool, una compañía internacional, dueña de buques para transporte del petróleo.

Y, aunque el hecho se produjo en 2018, cuando era presidente de Ecuador Lenín Moreno, ahora a Lasso se le imputa haber rubricado un nuevo contrato en el año 2022, sin observarse que un año antes, en 2021, la Contraloría General del Estado había emitido un documento que expresa que las operaciones con Amazonas Tanker Pool, habían generado perjuicio para el país y recomendaba evaluar la pertinencia de proseguir con tal asociación.

La medida adoptada este miércoles por Lasso de disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones, ha sido considerada por el ex presidente Rafael Correa, como «inconstitucional».

El líder de Revolución Ciudadana dijo estar confiado en que la actual administración de Guillermo Lasso perderá las elecciones que deben convocarse adelantadamente. Luego tildó al mandatario de «un gran fraude democrático».

Ahora, aunque el decreto de «muerte cruzada» firmado por el mandatario, permite que Lasso siga gobernando durante seis meses, la evidencia mayor es que la democracia a la que invoca el presidente está en terapia, y acontecimientos impredecibles pueden irrumpir en la vida de la nación andina.

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