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Moro en la mirilla

11 de noviembre de 2019

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La apretada decisión de liberar a Lula de prisión por el Supremo Tribunal de Brasil, por seis votos a favor y cinco en contra, constituye una victoria inobjetable del popular ex presidente izquierdista y una derrota para la cohorte fascista que encabeza Jair Bolsonaro y acompaña Sergio Moro, su ministro de “Injusticia”, quien fue la cabeza visible del complot para evitar que el líder progresista aspirara a la presidencia, cuando lasencuestas lo daban como el seguro triunfador, y facilitar el acceso alpoder del favorito del Imperio.
Cierto que aún quedan otros espurios procesos preparados y fabricados, no terminados, que evitan que Luiz Inácio Lula da Silva pueda incorporarse inmediatamente a la vida política plena, pero muy pocos dudan de que las falsas acusaciones contra él se irán cayendo una tras otra, quizás con la velocidad con que se derrumba un castillo de naipes.
Lula estuvo 579 días en la cárcel de Curitiba, y se negó a una especia de amnistía y arresto domiciliario preparado por el régimen, porque confiaba, confía, en salir limpio de todas las acusaciones, y más ahora cundo se viene abajo el caso de Lava Jato, todo un subterfugio montado para que Moro se luciera como fiscal en el encarcelamiento de elementos presuntamente corruptos, valiéndose de testigos que obtenían impunidad si denunciaban a otros supuestos implicados
Todo el proceso contra Lula fue amañado, una demostración de odio de los entes que quieren controlar Brasil, en elque no sólo Moro jugó un papel importante como el hombre preparado por el Imperio para servir de colofón a la trama golpista que depuso primero a la presidenta Dilma Rousseff, colocó en el poder al traicionero Michel Temer, quien era suvicepresidente, y luego eliminó a Lula para que no aspirara a la presidencia.
En el 2018, horas antes de que el Supremo se pronunciara sobre un habeas corpus a favor de Lula, el entonces jefe del Ejército, general Eduardo Villas Boas, soltó un tuit intimidatorio sobre la jueza Rosa Weber para que su voto, que era el fiel de la balanza, garantizara la prisión del candidato a la presidencia. El mensaje de menos de 140 caracteres bastó para que Weber echara por tierra sus posiciones anteriores y apoyara el arresto: con ello el ex presidente fue proscripto y quedó allanado el camino para el triunfo de Bolsonaro.
En enero de ese año, poco después de asumir la presidencia, el capitán retirado agradeció públicamente a Villas Boas su contribución en el resultado de los comicios de octubre del 2018.
El mismo general, ahora consejero del gobierno, divulgó otro tuit el mes pasado advirtiendo a los magistrados que no osaran abrir la puerta de la celda de Curitiba.Esta vez la presión fue contestada, tímidamente, por algunos jueces, dando indicios de que podrían actuar con alguna autonomía. Los mismos magistrados que en su hora convalidaron el encierro de Lula ahora advierten el prematuro desgaste de la administración bolsonarista y el deterioro de Lava Jato, cuya credibilidad ya no es la de otros tiempos.
Según la nueva jurisprudencia adoptada por el Supremo, cada caso de personas en prisión con apelaciones pendientes deberá juzgarse en forma individual, una vez que los abogados del recluso lo pidan, y se concederá la libertad siempre y cuando no represente un “riesgo” para la sociedad.
La decisión no se aplicará a aquellos casos en que una persona ha sido condenada por un tribunal popular debido a un delito violento. Pero ese no es el caso de Lula.
Así, hay elementos que pueden inducir a que se eliminen el resto de las acusaciones contra Lula, debido a que existen indicios de que Moro estuvo maniobrando para evitar que saliera en libertad.
Ya desde junio último Moro quedó en posición delicada, después de las revelaciones de mensajes que muestran su parcialidad en la condena del ex presidente.
Una serie de mensajes filtrados y publicados por el portal “The Intercept Brasil” muestran maniobras entre los fiscales de la Operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción del país, y el otrora juez y actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, para impedir que el ex mandatario de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) volviera al poder.
El medio, dirigido por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, a quien el ex analista de la CIA Edward Snowden reveló los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en el 2013, publicó conversaciones privadas entre el fiscal Deltan Dallagnol, quien dirigía la Lava Jato en Curitiba, y Moro.
Según las mismas, Moro orientó a través de mensajes de “Telegram” a Dallagnol durante la investigación que condujo a Lula a prisión, algo que, según especialistas, está prohibido en el Código Penal brasileño. El entonces magistrado sugirió a Dallagnol cambiar el orden de las fases de la operación Lava Jato y dio consejos y pistas a los fiscales encargados del caso.
“Las revelaciones de la página «The Intercept Brasil» exponen la real dimensión de una trama criminal, en conversaciones que cubren de vergüenza el sistema judicial brasileño”, señala un comunicado del Partido del Trabajo, que subrayó que las conversaciones, cuya veracidad fue confirmada por los fiscales de la Lava Jato, “comprueban la parcialidad de Moro y su actuación como maestro de una denuncia manipulada desde el inicio”.
Moro, de 46 años, trató rápidamente de desdramatizar del impacto de esas filtraciones, muchas de las cuales procederían de teléfonos hackeados.
Lula fue condenado por Moro en el 2017 a 9 años y medio de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero; dicha condena fue confirmada por un tribunal de apelaciones y fue detenido en abril del 2018; su pena fue confirmada por una corte superior, pero reducida a 8 años y 10 meses
Ahora el ministro de Bolsonaro afirma que existe un “grupo criminal” que pretende “atacar” a “las instituciones” y sobre todo a la “lucha contra la corrupción” que él encarnó como juez, refiriéndose a los mensajes publicados.
Diputados no sólo del PT, sino también de otros partidos progresistas brasileños, califican a Moro de matón de los paramilitares, preparado durante dos años en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard y en las sedes de los distintos cuerpos de inteligencia estadounidenses.
Y es que lo que hizo contra Lula, quien no cometió ningún hecho ilícito, es el uso estratégico del derecho para la persecución política.

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