Mafia judicial contra Cristina Fernández
7 de diciembre de 2022
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«Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. La condena no son los seis años o la cárcel, sino la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fueron por el voto popular», aseguró la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, una vez conocido el fallo judicial.
Y advirtió: «Esto no es ni ‘lawfare’ (guerra jurídica) ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial».
Momentos antes, el Tribunal Oral Federal número 2, conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, encontró a la expresidenta culpable del delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», y se le condenaba a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Se dejaba plasmada una clara evidencia de un ajuste de cuentas de carácter político, a través de un andamiaje armado contra la imputada.
Tal fórmula no es nueva, y yo diría que es bastante recurrente por parte de gobiernos de derecha contra sectores de la izquierda en la región de América Latina, con el fin de estigmatizarlos como «corruptos», acudiendo para ello a un aparato de «justicia» tóxico, acompañado de una labor mediática encaminada a crear estados de opinión basados en la mentira.
A la actual vicepresidenta, se le ha involucrado en la llamada «causa Vialidad» según la cual, entre los años 2003 y 2015 se habían concentrado obras en la región argentina de Santa Cruz y las adjudicaciones beneficiaban a un mismo grupo de empresas.
Desde que fue imputada judicialmente, Cristina Fernández aseguró que dicha causa estaba armada políticamente desde la oposición, tal si fuese parte de un «Partido Judicial», cuya única finalidad es excluirla de la política nacional.
De todas formas, la petición de 6 años de cárcel y de inhabilitar a la actual Vicepresidenta de ejercer cargos públicos en lo adelante, tendrán impedimentos legales para su aplicación.
Cristina Fernández no puede ser detenida mientras ocupe la Vicepresidencia del país, por lo que antes tendría que someterse a un juicio político que la destituya de su cargo.
Incluso, la Constitución argentina faculta al Presidente de la nación, Alberto Fernández, para indultarla, por lo que habrá que esperar por nuevos capítulos de esta componenda.
Este uso o mal uso de la justicia, me lleva a recordar durante el año 2018, cuando el entonces presidente argentino Mauricio Macri, sin que ningún juez lo acusara y ningún gran medio de prensa lo cuestionara, asumía un préstamo del Fondo Monetario Internacional por 44 000 millones de dólares.
De esta forma, dejaba a su país, prisionero de una deuda condicionada a las más grandes presiones por parte de la institución financiera internacional.
Esa y otras muchas acciones, tuvieron un curso normal para la «justicia» argentina, aunque no pocas veces se escuchaban voces que acusaban al entonces mandatario, por posibles manejos indebidos de las finanzas del país.
Sin embargo, lo real es que la multimillonaria deuda contraída por Mauricio Macri, dejaba atado al nuevo gobierno, el de Alberto Fernández, con las exigencias de los compromisos de pago con
el FMI.
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