Macri obcecado se desencadena
11 de diciembre de 2017
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El presidente de Argentina, Mauricio Macri, confesó antes de las más recientes elecciones legislativas que tenía una lista de 562 personas que no lo dejaban gobernar en paz, “casualmente” todas integrantes de los pasados gobiernos kirchneristas y entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández, quien ganó una banca senatorial con la mayor cantidad de votos obtenida por un candidato opositor.
Un juez de apellido Bonadio pidió el desafuero de Cristina y la prisión preventiva por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra una mutual judía en 1994, que no tiene que ver con las acusaciones de corrupción contra otros funcionarios, algunos de los cuales ya fueron conducidos a prisión.
Según Cristina, la decisión del juez está directamente vinculada con el hecho de que este lunes 11 comenzará su mandato en el Senado, porque “con mi asunción como senadora, fundamentalmente por el papel que algunos creen que puedo desarrollar, porque soy un voto y puede haber un grupo de senadores que me acompañen”, afirmó.
Kirchner recordó que la primera citación judicial de Bonadio fue en abril de 2016, pero nunca se le pidió la detención hasta tres días después de jurar. Y es que la persecución judicial por el gobierno de Macri nunca ha cesado
El mandatario quiere impedir que Cristina logre una unidad opositora que sustente un programa que permita lograr una actuación más amplia en el Parlamento, para reivindicar los derechos democráticos y de los ciudadanos.
Asimismo, por la libertad de expresión, ya que, actualmente, según la ex presidenta, el periodismo actual contribuye a la acción macrista de desacreditar y perseguir a cualquiera que se le oponga.
La analista argentina Stella Calloni cree que “la persecución política, judicial y mediática es grave hacia Cristina Fernández de Kirchner. Hay jueces que juzgan a la ex presidenta que se han manifestado como opositores a su política cuando ella era presidenta; por una cuestión ética, seria y de responsabilidad esos jueces no pueden estar persiguiendo a Cristina Fernández.
“Este Gobierno tiene una impunidad absoluta, en el caso de la ex presidenta esperaron para abrir juicios a funcionarios a unos días de las elecciones legislativas del 22 de octubre; a la ex presidenta le tienen todo embargado sin que haya una sola prueba de nada” explicó Calloni.
La analista cree que se trata de un “circo” y “lo hacen porque le tienen miedo a la ex presidenta, porque es una mujer que se ha puesto de pie frente a todas estas indignidades”.
En medio de esto, Macri firma decretos de urgencia para imponerse al estilo de las dictaduras militares, sobre todo contra cualquier ley votada por el Congreso que no le guste.
Llama la atención que en muchos de los escándalos relacionados con obras públicas sólo sean investigados los ex funcionarios y empresarios del kirchnerismo y ninguno de los cercanos al gobierno que también han sido denunciados por el pago de sobornos.
Según el periodista Reynaldo Sietecase, Argentina está realizando una versión “trucha” (falsa) del Lava Jato brasileño. “A diferencia de Brasil, sólo hay detenidos de un sector político y los empresarios coimeros de la obra pública brindan con champán y aplauden los cambios en la economía”, denunció.
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