Jair: ahora privatización carcelaria
21 de junio de 2021
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Para que se vea que el fascistoide de Jair Bolsonaro no se anda con chiquitas, a las casi logradas privatizaciones de Electrobras y parte de Petrobras se le suma las de las cárceles para que, según él, los ladrones tengan que trabajar para mantenerlas.
Así respondió a la más reciente trifulca en uno de los centros de custodia, con el consiguiente saldo de muertos, heridos y destrucción, algo que no extraña en el gigante suramericano, y más cuando allí reina el hacinamiento que no soluciona.
En una entrevista con el portal UOL, la secretaria especial del Programa de Asociación de Inversión del Ministerio de Economía, Martha Seillier, habló sobre la iniciativa, y explicó que el modelo se llevaría a cabo a través de una asociación público-privada. Con esto, el sector privado obtendría la concesión de la unidad de prisión por los próximos 35 años.
Por ahora, hay un solo modelo de prisión en el país que opera a través del sector privado desde su construcción hasta la administración. Se ubica en la ciudad de Ribeirão das Neves, Estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil.
La idea, según Martha Seillier es llevar a cabo dos nuevos proyectos más en el sureño Estado de Santa Catarina y en el Estado de Río Grande do Sul que servirán de modelo para el resto de Brasil.
Mientras tanto, el Estado se queda de brazos cruzados ante la brutalidad fuera de control en los recintos carcelarios.
Los auges de los motines han dejado más de 130 víctimas y la evidencia de que las bandas han tomado el mando de los centros penitenciarios, tal como ha estado ocurriendo periódicamente desde el 2017.
Los terribles asesinatos van más allá de los típicos problemas registrados en las cárceles de Brasil y podrían señalar el inicio de una guerra de bandas a nivel nacional para tomar el control del sistema, afirma Benjamín Leasing, un politólogo de la Universidad de Chicago, quien estudia el conflicto criminal en el sur del continente americano.
El Primer Comando de Capital, la organización criminal más grande del país, ha protagonizado incontables peleas con varias pandillas, mientras trata de expandir su territorio más allá de su base tradicional en Sao Paulo. En Alcazuz, por ejemplo, el Primer Comando está luchando por el poder contra el Sindicato del Crimen.
Pero mientras esto sucede, el Estado no hace nada para eliminar las causas de los problemas y, al parecer, halla una “solución”: que los presos se maten entre sí.
Elude hablar del hacinamiento en el país más poblado de América del Sur.
Brasil encarcela a más de 620 000 personas en un sistema que tiene un espacio de poco más de 370 000. El 40% de los detenidos están esperando su juicio. No hay suficientes abogados públicos, y los casos se prolongan durante años. El endurecimiento de las penas por delitos de drogas y las campañas para combatir la delincuencia han enviado todavía a más delincuentes al sistema penitenciario.
En respuesta a la crisis, el gobierno anterior de Michel Temer había prometido, e incumplido, construir 30 nuevas prisiones, pero las nuevas instalaciones darían espacio a apenas 25 000 reclusos más, cubriendo sólo el 10% del déficit. Este problema Bolsonaro lo quiere solucionar con la privatización, pero eso sólo sería una gota de agua, y contaminada con la privatización, dado que no hay una solución social.
“Más prisiones significa más prisioneros y bandas más fuertes”, indica Karina Biondi, autora del libro Compartir esta caminata: una etnografía de la vida. “La solución, en mi opinión, es menos prisión”, agregó,
Y es que el hacinamiento es, por sí mismo, una causa del aumento de la brutalidad. Primero, domina las cárceles superpobladas. Luego, controla las calles y las rutas internacionales de drogas. Esa es la estrategia empresarial de las bandas criminales brasileñas.
Dentro de las cárceles, los despiadados líderes de las bandas no sólo reclutan a internos peligrosos, sino que apuntan a los más de 250 000 reclusos que están encerrados por delitos menores como robo o posesión de marihuana. Algunos de estos presos fueron forzados a participar en matanzas.
“Nuestras cárceles son universidades de la delincuencia y estamos financiando las bandas de drogas dentro de las cárceles por hacinamiento”, asegura el director de la Asociación de Abogados de Brasil, Claudio Lamachia, después de visitar algunas de las cárceles más violentas de la nación más poblada del sur del continente.
Y en este río revuelto pesca la represión oficial, con un régimen que, mientras gestiona los términos de la privatización carcelaria, integra bandas policiales de exterminio que acaban con la vida de la gente en las favelas pobres de Rio y otras ciudades, amparadas en la impunidad que led da un presidente que no tiene en estima a su pueblo.
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