Indigna Dina
26 de septiembre de 2023
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Cuando en un momento dado parecía que la indigna presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, iba a salir como bola por tronera, Estados Unidos ha dado todo su apoyo político y militar a la susodicha, con entrevista con el presidente Joe Biden y presentación en Naciones Unidas, y el total asentimiento del Congreso a la asunción de ministros de recia estirpe fujimorista que ayudarán aún más a incrementar la represión con las aún desunidas fuerzas opositoras.
Los recientes ataques de índole guerrillera contra policías y soldados, con fuertes bajas castrenses, han servido de pretexto para aumentar la ayuda militar norteamericana, en la que ya participaban más de mil especialistas de entrenamiento.
Así, fuerzas navales estadounidense han llegado a Perú y las bases locales sirven de apoyo a las foráneas con el objetivo de impedir cualquier descarrilamiento político hacia la izquierda.
Glatzer Tuesta, periodista y director del Instituto de Defensa Legal (IDL), institución de la sociedad civil que promociona y defiende derechos humanos, señala que “hay una coalición antiderechos que está ejerciendo el poder casi en todas sus expresiones institucionales, no solo el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional (máximo organismo de justicia en el Perú), y otras instituciones; sino también ahora en el Poder Ejecutivo”, tras la deposición y encarcelamiento de Pedro Castillo.
Ello ha dado paso a una coalición autoritaria que ha logrado militarizar el territorio nacional donde han ocurrido asesinatos que no se advierte que vayan a ser esclarecidos prontamente, a propósito de cómo se ha generado una narrativa para garantizar ciertos niveles de impunidad a policías y militares.
Boluarte, aunque en los primeros momentos dijo lamentar las víctimas civiles de las protestas en su contra, echó la culpa después de las muertes a los propios manifestantes, sabiéndose por el momento impune contra cualquier acusación su contra.
Así, ha ayudado a crear una especie de persecución indebida y feroz a ese discurso que hoy se ha vuelto oficial bajo la idea que propiciaron los años 80 y 90 de acusar a cualquier disidente, sea el más tenue o extremista, de ser apologistas al terrorismo o terroristas o violentistas que favorecen al crimen organizado. Esto para afectar las protestas sociales.
Melania Canales, expresidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), es enfática al señalar que “estamos viviendo en una dictadura cívico militar que va a perseguir a quienes están contra el sistema”.
Canales, quien llamó traidora a Boluarte, porque antes de asumir las riendas del país fue vicepresidenta del gobierno de Pedro Castillo, afirmo que es necesaria una nueva Constitución que no sea antropocéntrica y solucione los cambios estructurales del país, y que las reformas pasen también por el sistema electoral que no permite una verdadera representación.
En un comentario recogido por el portal Cubasi (Boluarte con más represión), ya había expresado que “el sistema electoral ha sido construido por la derecha o ultraderecha. Los congresistas que tenemos casi no representan a nadie, llegan al cargo con bajo porcentaje de votos, son electos por la cifra repartidora que ganan los partidos en los que se presentan. Los partidos políticos no representan a las organizaciones sociales, son de personas fundadoras, es decir que tiene un dueño; en otras palabras, son empresas”.
Como medida para salir de la crisis, propone en el plazo más corto un gobierno transitorio. “Pero no con aquellos que están gobernando ahora, ni el Ejecutivo ni el Congreso actual, sino uno diferente que lleve a nuevas elecciones con nuevas reglas y respete los derechos humanos”.
“Todo va a depender del pueblo, si el pueblo sigue sosteniendo su voz y no entre en la normalidad”, responde Melania Canales, también coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas.
¿CHILENAZO?
La historia del Perú en los últimos 50 años con gobiernos militares, un conflicto armado interno del que aún supuran las heridas, la dictadura de Alberto Fujimori (gobernó desde 1990 hasta 2000 cuando huyó del país), gobiernos de transición, y débiles mandatos no parece haber dejado aprendizajes.
El historiador peruano Juan Fonseca coincide que estamos en un régimen autoritario que va camino a un régimen dictatorial.
Al consultarle el medo progresista El Salto sobre qué escenarios históricos en el país deberían haber servido para detener lo que hoy se vive, Fonseca reflexiona sobre tres puntos: “Primero, los años 90, lo que hizo Alberto Fujimori ahora lo vemos en alta velocidad, todo el proceso de concentración de medios, la narrativa única que proviene del Estado y es avalada por los poderes fácticos, el problema de la represión y el ‘terráqueo’ para deslegitimar las diversas manifestaciones de la ciudadanía en función de una ideología, es nocivo. Debería recordar cómo termino ese régimen.
Segundo, la falta de una crítica al modelo económico y social de los últimos 30 años, y del descontento popular que es opacado por la narrativa capitalina (Lima). Se ningunea a aquellos sectores marginados ubicados principalmente en las regiones. Tercero, no hay que olvidar la violencia política de los años 80 para entender que estas ideologías violentistas que representaron Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru si bien hay que rechazarlas, es muy peligroso atizar las manifestaciones de descontentos con discursos violentistas. La clase política habla mucho del terrorismo para estereotipar a movimientos populares, sin embargo, indirectamente parece que es lo que buscan y el descontento va a ser tan fuerte que puede generarse un movimiento violento que —ojo— no es el que actualmente estamos teniendo”.
La clase política habla mucho del terrorismo para estereotipar a movimientos populares, sin embargo, indirectamente parece que es lo que buscan y el descontento va a ser tan fuerte que puede generarse un movimiento violento
¿Va el Perú camino a un ‘Chilenazo’? El historiador no lo descarta en tanto —recuerda— el escenario que llevó a ese país vecino del Perú a tener una Asamblea Constituyente empezó con una chispa que luego estalló al emerger una serie de demandas sectoriales o locales, generándose una anarquía cuyo único elemento común es el descontento con las élites.
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