En la lejanía
8 de diciembre de 2017
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Hace unos días calificaba de burla al golpe electoral realizado en Honduras para legitimar la ilegal “democracia” instalada allí en el 2009, y, lamentablemente, ahora tenemos que repetirlo ante no solo el quietismo, sino el retroceso en el acuerdo de paz firmado en La Habana por el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo (FARC-EP)
El cumplimiento por los revolucionarios del convenio, con entrega de armas, retiro a zonas fuera de las áreas donde se desempeñaban, etcétera, ha sido respondida en la práctica con la colaboración del ejército y paramilitares para ocupar tales lugares, la intensificación de los asesinatos de activistas, incluso indígenas, y el torpedeo del regreso a la vida normal de los ex combatientes.
Todo ello ha tenido como colofón que ambas cámaras legislativas han hecho desparecer en gran parte del convenio lo comprendido en la investigación de los crímenes de guerra y la ayuda a las víctimas de la violencia.
Es lógica la indignación y movilización contra el gobierno de Juan Manuel Santos, a quen reclaman, entre otras muchas cosas, la lucha contra las drogas ilícitas y la protección a líderes sociales
El actual paro en una amplia zona colombiana comenzó el 23 de octubre pasado y contempla motivaciones tales como la exigencia del cumplimiento de los “acuerdos colectivos de sustitución concertada”, protestar contra el “estancamiento del Programa Nacional de Sustitución Integral de Cultivos de Uso Ilícitos”, y el no obstruir varios proyectos de ley en marcha.
A pesar de las declaraciones de Santos de que protegerá a los líderes sociales y de calificar de criminales a las bandas paramilitares, no ordena la persecución de estas, lo cual corrobora lo justo de la alarma de la ciudadanía ante la inercia oficial para agilizar el proceso.
La demora en la implementación de los acuerdos y la contracción en las políticas que se están implementando, están teniendo un impacto muy relevante en términos de violencia contra las comunidades.
Entre los victimarios se encuentran las fuerzas regulares del ejército y los grupos armados postmovilización –los herederos del paramilitarismo–, que se coordinan con otros elementos criminales para ocupar los territorios y monopolizar las economías ilegales.
Los problemas de la implementación incluyen todos y cada uno de los puntos del acuerdo, reflejando así una falla estructural y no coyuntural como alega el gobierno.
El punto de la Reforma Rural integral es uno de los que presentan grandes complicaciones, pues se originan en la descoordinación del Estado con sus propias instituciones.
En todo esto abundan grandes sospechas de connivencia oficial con elementos importantes del poder ilícito, que tienen fuerte influencia en los poderes judicial y legislativo.
Así las cosas en este tema nada agotado y que traerá al parecer más sinsabores a una paz que en Colombia se encuentra en la lejanía.
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