En combate contra la agresión económica
22 de mayo de 2018
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Tras la holgada, merecida y revolucionaria victoria popular del domingo 20 de mayo, que refrendó su reelección presidencial, Nicolás Maduro, ni tardo ni perezoso, comenzó a dar los pasos necesarios para proseguir la implementación de su arsenal contra la guerra económica desatada por el Imperio con la complicidad de la oligarquía nacional y testaferros aún con dominio en importantes ramas del país.
Todo ello sin quitar el pie del acelerador del esclarecimiento de los múltiples robos del erario nacional llevados a cabo por elementos diversos, desde el clásico contrarrevolucionario hasta el disfrazado de chavista, con una amplia y merecida divulgación con fotos del delincuente y datos acerca del porqué es culpable.
Para poner en práctica sus planes, Maduro necesitaba de esta victoria amplia que le ofreció la población, harta del cinismo de quienes intentan vender la patria al extranjero, con lo cual se dio un paso en firme para consolidar a la necesaria Revolución Bolivariana.
El desbloqueo económico es imprescindible, y de ahí las propuestas que están de acuerdo con la Constitución, a fin de desmantelar la agresión orquestada por el presidente norteamericano Donald Trump, y su cómplice venezolano Julio Borges.
Las leyes entregadas por Maduro para la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) son:
La Ley de Abastecimiento Soberano y de Precios Acordados, “Ley del Plan 50”. Con ella se inicia la discusión desde la Gran Misión Abastecimiento Soberano, junto a sectores productivos, distributivos, los consumidores y el poder popular, para crear un nuevo sistema de fijación de los precios máximos de venta al público de 50 productos y servicios fundamentales del país.
El Estado jugará un papel fundamental como fiscal y vigilante de estos precios para la leche líquida pasteurizada, la leche en polvo, mayonesa, margarina, mortadela, la harina de trigo para panadería, pastas alimenticias, el pollo, la curbina, el corocoro, el atún, la sardina, la mantequilla, el queso blanco duro, jamón de cerdo, jabón en panela, jabón de baño, aceite, entre otros.
Indicó Maduro que la solución no puede ser un sistema de congelación de precios “desfasado e irreal”, por lo que se busca lograr consensos “por las buenas”, con el diálogo, pero se necesita al pueblo en la calle, y a la justicia actuando a tiempo. Tampoco puede plantearse como solución la liberación de precios; ratificó que el gobierno no dejará sólo al pueblo.
La segunda ley que entregó Maduro busca establecer la figura de fiscales desde los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los Consejos Comunales. Indicó que ellos “deben ser los ojos, los oídos y los manos de los barrios, las comunidades, las parroquias, calles y ciudades de Venezuela” para la vigilancia de los precios, dándoles presencia jurídica y poder de acción. Estos fiscales populares deben ser acompañados de uno de oficio y un defensor del pueblo, que pueda detener a los que violen las leyes y puedan ser procesados por los tribunales.
La tercera ley autorizará el funcionamiento de casas de cambio en todo el país (y no sólo en las zonas fronterizas), con el fin de derrotar los mecanismos de fijación de precios del dólar estadounidense desde Miami (el llamado “DolarToday”). Habrá una dirección desde el Banco Central de Venezuela y la Comisión de Economía Nacional.
La cuarta es la Ley de la Promoción y protección de la inversión extranjera en Venezuela, que permitirá mejorar las condiciones para empresas extranjeras que van a entrar a invertir en el país.
La quinta ley establece un nuevo régimen para los inversionistas y uno nuevo tributario para el desarrollo soberano del Arco Minero del Orinoco. Recalcó que el mes pasado ingresaron 540 kilogramos de oro producto de la explotación minera. Se aspira a que un tercio de las divisas que ingresaban por el rentismo petrolero sean cubiertas por el desarrollo minero.
La sexta ley busca crear impuestos a quienes lograron grandes patrimonios que han surgido durante la guerra económica. “Que sean ellos quienes paguen el desarrollo económico del país”, dijo, y pidió una investigación especial para determinar quiénes son los beneficiarios de grandes fortunas producidas durante la guerra económica. Solicitó a la ANC, a través de su Comisión de Contraloría, determinar el origen y localización de estas grandes fortunas.
La séptima ley crea la Unidad Tributaria Punitiva “para que persiga a todos los delitos que se cometen en los campos de la economía contra el pueblo, desde los más pequeños hasta los más grandes, y les cobre hasta la forma de caminar”. Se aplicará a todo el que especule o “bachaquée”. Destacó que las leyes actuales aplican multas irrisorias a los infractores e Indicó que deberá instalarse el sistema de facturación electrónica para los 5 000 grandes contribuyentes, para que “le paguen al país, respeten la economía y cojan mínimo”
La octava ley creará AgroSur, un gran consorcio o corporación agroalimentaria que logre la coordinación nacional de todos los esfuerzos productivos para los 20 rubros principales de la nación, atendiendo los insumos, asesoría, maquinaria y todo el proceso productivo en el campo venezolano.
Ya algunas de estas cuestiones han estado siendo instrumentadas, pero ahora toman más auge, con una victoria popular que las respalda.
Mucho más queda por escribir, pero esta amplia explicación didáctica, que no agrada nada al Imperio y a sus hijos locales, son complementadas con la ya mencionada operación contra el delito denominada Papeles Blancos, que entre sus más recientes aportes está la intervención de 19 concesionaras en el estado de Táchira, por estar vinculadas a la extracción de combustible que enviaban ilegalmente a la vecina Colombia.
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