El «primer decreto»
3 de enero de 2019
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El mismo primero de enero de 2019, apenas haber recibido la banda presidencial de manos de Michel Temer, el ultraconservador presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un decreto que concede a su Ministerio de la Agricultura la potestad de identificar y demarcar las tierras indígenas y de afrodescendientes, lo que sepulta todos los avances logrados en gobiernos anteriores para la protección del indio y de la Amazonía.
La decisión despoja de esas funciones a la Fundación Nacional de Indígenas, que se ocupaba de todos los asuntos relacionados con las comunidades nativas.
En la actualidad Brasil cuenta con 462 reservas originarias que se extienden por un área equivalente al 12,2% del territorio nacional, en su mayoría en la Amazonía.
En su desenfrenada carrera neoliberal y contraria a la protección indígena, el nuevo mandatario brasileño apuesta por llenar la selva de empresas mineras que la exploten, a la vez que niega el derecho a sus habitantes a formar parte de un importante territorio considerado el pulmón del planeta.
La Amazonía se extiende por 7,4 millones de kilómetros cuadrados, lo que constituye la mayor reserva forestal del mundo, y ocupa territorios de Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Guyana y Surinam. En la misma se concentra el 60% de la biodiversidad, e incluye especies animales y vegetales aun sin identificar por la ciencia. En toda su extensión por esos siete países habitan 34 millones de indígenas.
Luego de la decisión de Bolsonaro, diversos medios brasileños y agencias de prensa, ponen el ejemplo del territorio indígena Raposa Serra do Sol, donde viven cerca de 20 000 indios de las etnias macuxi, uapixanas, ingaricós, taurepangues y patamonas.
El área posee cerca de 1,7 millones de hectáreas y está localizada en el nordeste del estado de Roraima, en la frontera de Brasil con otros dos países: Guyana y Venezuela, reconocida desde 1993 por la Fundación Nacional del Indio, demarcada y homologada en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y Luis Inácio Lula da Silva, y que ahora queda a expensas de las decisiones adoptadas por Bolsonaro.
Para el periodista brasileño Leonardo Fernandes, de Brasil de Fato, el tema de la demarcación de la reserva Raposa Serra do Sol también es de interés particular de otro personaje del gobierno de Jair Bolsonaro, el ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), el general Augusto Heleno.
No es de hoy que el nuevo mandatario manifiesta interés en permitir la explotación del mineral niobio, en áreas localizadas dentro de la reserva. “Yo sueño, quien sabe un día, que tengamos también el Valle del Niobio”, dijo el presidente electo en un vídeo que circula en INTERNET.
Al respecto, Ayres Britto, que ocupaba la presidencia del Supremo Tribunal Federal durante el primer juzgamiento del proceso relacionado a la demarcación de Territorio Indígena Raposa Serra do Sol, en 2009, afirmó que Bolsonaro no puede alterar la demarcación de la reserva pues la cuestión ya agotó las instancias judiciales. “Fue una decisión histórica. Para los indios, es derecho adquirido”, aseguró.
Sin embargo, el presidente brasileño está cumpliendo con sus promesas preelectorales cuando había dicho que abriría esas zonas indígenas a la actividad comercial, en un evidente compromiso con el sector agrario del país, uno de los mayores poderes dentro de la estructura gubernamental.
A Bolsonaro poco le importa que con esta política, rubricada en disposición oficial el primer día de gobierno, se destruya la cultura e idiomas nativos, y será un golpe de muerte para una Amazonía que es garantía del equilibrio climático tan necesario en los momentos actuales y futuros.
Seguidor fiel del presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario brasileño también cuestiona el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y se propone abandonarlo. Recordemos su frase: “Felicidades a Trump. Si fuera bueno para ellos [seguir en el Acuerdo de París], no lo habrían denunciado”.
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