Donde lideran en violaciones de los derechos humanos
16 de abril de 2021
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No son palabras ni acusaciones festinadas cuando afirmamos que los gobiernos colombianos, principalmente desde el de Uribe hasta el de su pupilo Duque. se sitúan como destacados entes violatorios de lo más elementales derechos humanos.
No sólo Álvaro Urbe con la creación de los grupos asesinos paramilitares y el tenebroso episodio de los “falsos positivos” –donde se asesinaron a miles de inocentes, haciéndolos pasar como, guerrilleros–; ni el actual Iván Duque, más atento con lo que le ordena el Imperio, la gusanera de Miami y la parafernalia latifundista y de narcotraficantes locales; sino también el de Juan Manuel Santos, firmante de unos acuerdos de paz con la principal guerrilla del país que debían poner fin a casi seis décadas de guerra civil.
Por este hecho, Santos fue declarado Premio Nobel de la Paz, no el jefe de los insurrectos, aprovechando para convertirse en un adalid a seguir por otros mandatarios en igual posición.
Pero el importante convenio firmado en La Habana ha sido objeto de repetida burla, y ni el intento para crear una Comisión de la Verdad, que señalara los culpables de crímenes de lesa humanidad, ha podido ser integrada.
No por repetido indigna reiterar que mientras la desidia oficial hace que la COVID-19 convierte a Colombia en uno de los principales focos mundiales de la pandemia, en todo el país, sobre todo en cuatro departamentos, son asesinados sistemáticamente ex combatientes, y líderes sociales, campesinos e indígenas, y decenas de masacres cuestan la vida a familias enteras, sin que se señale a un culpable.
Esta completa impunidad es facilitada por personas encargadas de poner el orden que no salen de sus oficinas y dejan hacer, lo cual no habla bien de una futura Colombo, en la que su actual régimen sólo es consecuente con las agresiones contra Venezuela y su Gobierno Bolivariano.
Hay un mal de fondo y es muy fácil de hallarlo, cuando conocemos que ningún gobierno de antes y mucho menos el de ahora hace caso a los requerimientos de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos.
Colombia se ha negado a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Tortura, así como el que protege a las personas con discapacidad.
Asimismo, los sucesivos gobiernos colombianos han descartado ratificar el nuevo protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño, el cual contempla un procedimiento de comunicación para garantizar que la voz y las necesidades de los pequeños sean escuchadas y protegidas.
Bogotá tampoco ha aceptado firmar y ratificar el Prócoro Facultativo del Pacto Internacional de Derechos sócales, Económicos y Culturales, así como se negó a considerar la posibilidad de reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para examinar comunicaciones presentadas por víctimas o en nombre de ellas, así como otros Estados.
De igual forma se negó a ratificar el Código Penal para que los crímenes de lesa humanidad y de guerra se tipifiquen como delitos en el derecho interno.
Las representaciones colombianas solo “toman nota” de estas cuestiones, y no ofrecen seguridad alguna para tomar medidas efectivas que combata la impunidad generalizada.
Con estos antecedentes y las acciones presentes, no hay acuerdo de paz que valga, porque ni a los anteriores gobernantes ni al actual le interesan propiciar la justicia y la paz en el país.
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