Desigualdad que ahoga
6 de diciembre de 2018
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Aunque entes oficiales tratan de desvirtuar los objetivos de las manifestaciones en Francia, esgrimiendo el pretexto del exceso de violencia de quienes protestan, lo cierto es que la represión policial ha ayudado a ello, sin que se puedan objetar las acusaciones de que el presidente Emmanuel Macron mantiene una política injusta socialmente que amplía las desigualdades.
No son sólo los denominados Chalecos Amarillos los protagonistas de las protestas, aunque sí ejes de respuestas violentas, porque el hartazgo de la política oficial llegó a producir en un solo día más de 200 manifestaciones en la nación, con la participación de medio millón de personas.
La agrupación izquierdista Francia Insumisa fue la que inició el movimiento, luego seguido por una gran parte de la población de las clases media y baja, muchas de ellas con apenas el sustento diario para vivir.
Estudiantes, funcionarios, pensionados y trabajadores integran esta protesta contra el presidente, Emmanuel Macron, al que acusaron de ampliar las desigualdades. Las agrupaciones CGT, FO, Solidaires, FIDL, UNEF y UNL animaron a empleados, jubilados, parados o estudiantes a expresar su rechazo a una política que, en su opinión, está rompiendo el modelo social existente.
Todo ello ocurre luego de un año de frenéticas reformas neoliberales, que reiteran a la figura de Macron como el Presidente de los Ricos, aunque el mal realmente viene de hace una década, tiempo en el que las diez mayores fortunas de Francia han cuadruplicado su patrimonio, mientras que una familia pobre necesita seis generaciones para llegar al salario medio.
Al respecto, los sindicatos afirmaron en una declaración conjunta que “los anuncios gubernamentales y las sucesivas contrarreformas no han hecho más que ampliar la brecha de estas desigualdades: una amplia mayoría de la población considera injusta e ineficaz la política del gobierno al servicio exclusivo de los intereses patronales”
Los manifestantes solicitan un aumento de los salarios y las pensiones, una verdadera política de inversión centrada principalmente en los retos medioambientales y que garantice el futuro de las próximas generaciones o la igualdad profesional entre hombres y mujeres.
Un año trágico
Baja popularidad y dimisiones de ministros, afronta Macron, a casi año y medio del inicio de su mandato durante el cual, subrayo, ha dado una imagen de ser un presidente para los ricos, por lo cual mantiene un divorcio total con las masas.
Las inconsecuencias de un seudo gobierno socialista y el peligro de que la extrema derecha asumiera el poder contribuyeron a la amplia victoria electoral de Macron el 7 de mayo del 2017.
Su primera gran batalla, más allá de la ley de la transparencia política, fue la reforma laboral que se llevó a cabo por un procedimiento exprés: después de una concertación sumaria durante unas semanas al comienzo del verano, el presidente más joven de la V República (40 años actualmente) firmó el 22 de septiembre su entrada en vigor inmediata, recurriendo al decreto.
El objetivo de ese texto, validado finalmente por el Parlamento a finales de febrero, era flexibilizar un código laboral francés al que la patronal y los inversores le acusaban de dificultar a las empresas, en nombre de la protección de los trabajadores y los ajustes a unas condiciones económicas cada vez más cambiantes.
La limitación de las indemnizaciones por despido improcedente, la posibilidad de negociar las condiciones de trabajo en el interior de las empresas al margen de los convenios sectoriales e incluso planteando a los sindicatos que tenía también un segundo objetivo de generar una imagen de Francia en el exterior de país atractivo para la actividad económica en un momento de repliegue nacionalista.
A eso mismo debía contribuir la política fiscal de un presidente que, de entrada -y gracias en parte a la recuperación económica- ha cumplido en el 2017, por primera vez desde el 2007, con el compromiso europeo de dejar el déficit público por debajo del 3% del Producto Interno Bruto (PIB), en concreto en el 2,6%.
También el presupuesto del 2018, el primero adoptado en su mandato, que como principales cambios integra una reducción de la fiscalidad del capital -un tipo único del 30%, pero sobre todo la supresión del impuesto sobre la fortuna (ISF)- y la reducción de las cotizaciones de las empresas, combinado con aumentos de los impuestos indirectos.
Elementos suficientes para que haya calado una de las ideas que más ha lastrado su popularidad en los últimos 12 meses, la de que es un “presidente de los ricos” para el 72 % de los franceses, según lo constata el instituto demoscópico Odoxa.
Nada extraño en un mandatario que ha reducido una serie de ayudas sociales para los comedores escolares o para las asociaciones, e hizo un regalo de mil millones de euros a los más ricos del país con la supresión del impuesto conocido como ‘exit tax’ para los que tienen un importante patrimonio y establecen su domicilio fiscal en el extranjero.
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