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Derechos humanos en Cuba (I)

29 de abril de 2013

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Cuando este primero de mayo Cuba presente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, su informe al Examen Periódico Universal, en una pequeña parte de su territorio, ocupado ilegalmente por Estados Unidos en Guantánamo, al este de la Isla, un grupo de prisioneros se debaten entre la vida y la muerte, luego de decenas de jornadas en huelga de hambre debido a las torturas a que son sometidos y la mala atención de todo tipo, incluyendo la jurídica, por parte de las autoridades norteamericanas que los llevaron hacia aquella especie de campo de concentración en pleno siglo XXI.
De igual forma, la isla caribeña vive en este 2013, un año más de cruel bloqueo económico y financiero por parte de los gobiernos de Washington.
Para nadie en este mundo es un secreto que la mayor violación de los derechos humanos en Cuba la lleva a cabo Estados Unidos con el cruel bloqueo que afecta a todos los sectores de la población.
En el explicativo documento que presenta el gobierno cubano ante la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra, se manifiesta que “uno de los acontecimientos trascendentes en el ámbito del proceso de perfeccionamiento del orden jurídico e institucional fue la adopción, por la Asamblea Nacional del Poder Popular, de los Lineamientos de la Política Económica y Social. Los mismos están dirigidos a garantizar el avance y perfeccionamiento de la sociedad cubana, su desarrollo sostenible, la elevación de la calidad de vida de los cubanos y cubanas y el progreso hacia una sociedad cada vez más justa, libre, independiente, solidaria y equitativa, así como la defensa de la independencia y soberanía del país”.
Como garantía de tales propósitos “el país ha continuado fortaleciendo el carácter democrático de su institucionalidad, con leyes, políticas y programas de clara naturaleza popular y participativa, conforme a las más altas aspiraciones del pueblo”.
Una larga lista de normas que amplían la base legislativa de los derechos humanos refleja, entre otras, “la entrega de tierras en usufructo y las referidas a la seguridad social, el empleo, la vivienda y el trabajo por cuenta propia, entre otras”.
“Entre las recientes normas jurídicas, resaltan las medidas de actualización de la política migratoria contenidas en el Decreto Ley 302, adoptado por el Consejo de Estado el 11 de octubre del 2012. Estas medidas favorecen las relaciones con la emigración cubana, a la vez que eliminan regulaciones previas sobre los viajes al exterior, aplicadas hasta ahora para limitar las consecuencias negativas de la constante manipulación del tema migratorio por parte de los Estados Unidos”.
El informe que presentará nuestro país asegura que las iniciativas de los últimos cuatro años tienen el propósito de continuar avanzando el disfrute más amplio de todos los derechos humanos y las libertades para todos y todas.
Al respecto se recuerda que “estudios realizados en los últimos años demuestran que existe una percepción de seguridad en la ciudadanía, caracterizada por un ambiente de tranquilidad, orden interno y confianza en el sistema de justicia penal y policial. Junto a ello, la inexistencia de organizaciones criminales permite la materialización efectiva de los derechos fundamentales refrendados en la Constitución”.

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