Colombia: La masacre continúa
6 de marzo de 2020
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La última semana de febrero un informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que la situación en el país es la peor desde 2014 y que el Estado no está cumpliendo su labor de defensa de líderes sociales.
Días después el jefe de la Relatoría Especial de la ONU para los Derechos Humanos, Michel Forst, denunció que el gobierno de Duque impidió su ingreso al país para finalizar su informe sobre la situación de tan delicado asunto.
La violencia no es nueva en Colombia. Durante décadas líderes sindicales, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos han sido asesinados.
Desde que se firmó en 2016 el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, entre 300 a 500 activistas sociales, y más de 100 ex combatientes de las FARC fueron muertos, según el Estado. Los defensores de los derechos humanos suman más de 600.
El tema fue denunciado nuevamente el pasado 27 de febrero por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH) en su informe anual sobre Colombia. El Informe critica la falta de acceso a la justicia que “perpetúa ciclos de impunidad y violencia”, y señala que la Fiscalía General de la Nación sólo tiene alcance en la mitad del país. Explica, así mismo, la presencia de organizaciones armadas en varios territorios y los crímenes que llevan a cabo.
Recientemente el Gobierno anuló el contrato con la Agencia de Naciones Unidas para la Droga y la Corrupción (UNODOC) para verificar la sustitución voluntaria de cultivos. Informes de esta Agencias de investigaciones independientes indicaban que el plan era exitoso, contrariamente a lo que sugiere el Gobierno, que se inclina, con el apoyo de Washington, por la sustitución forzada y la fumigación.
En enero el fiscal general (e) de la Nación, Fabio Espitia, aseguró que en los primeros días de 2020 solo un líder social fue asesinado. Pero según el Instituto de Desarrollo para La Paz (Indepaz) en el mismo período fueron muertos más de 29.
El gobierno trata de encontrar el balance entre limitar la implementación, tener un buen reconocimiento en la ONU, y continuar recibiendo el apoyo político y financiero internacional. En ese complejo punto medio se encuentran las disputas con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humano
El Secretario General de la ONU llamó a que se adopten medidas más efectivas para protegerles, tales como una política pública para desmantelar grupos armados ilegales y organizaciones criminales que llevan a cabo reclutamiento forzado, homicidios, ataques, desplazamientos y amenazas.
La ONU hizo un llamamiento al Gobierno colombiano a adoptar medidas más efectivas para proteger la vida de los líderes sociales, los defensores de los derechos humanos y las personas involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz, incluidas provisiones específicas para las lideresas y defensoras y para los líderes y lideresas indígenas y afrocolombianos.
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