¿Ciego y sordo?
29 de febrero de 2016
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Hace muy poco comenté en esta página web el buen desempeño del Papa Francisco en su reciente visita a México, así como de sus llamados y alertas a las autoridades sobre la impunidad y corrupción imperantes en el país latinoamericano.
Empero, aún no se sienta cabeza o se piensa con cabeza fría, como se dice comúnmente, para abordar tales problemas, difíciles, pero no insolubles si se actuara tanta honesta como enérgicamente.
Ante incuestionables hechos violentos, se esgrimen justificaciones oficiales acerca de lo que estiman injusto de como se trata la cuestión internacionalmente, por lo cual se obvian soluciones y el cortar desde la raíz el mal endémico que corroe a la hermana y siempre cercana nación.
Muchas cosas coadyuvan al detrimento de la calidad de vida, lo cual redunda en la creación y expansión de males.
Cundo se habla de impunidad y corrupción, de la violencia y los miles de asesinatos que esta acarrea, no se piensa que a estos males contribuyen cuestiones que van en detrimento de la soberanía y economía mexicana.
Por ejemplo, Estados Unidos se pasa todo el tiempo mirando la paja en el ojo ajeno, pero no menciona que ha contribuido a ello, al lograr que políticos venales accedan a tratados de libre comercio que ni crean empleos de calidad ni reducen la pobreza en el país.
Más de 20 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y 16 del tratado con la Unión Europea (TLCUEM) han sido el marco de una creciente crisis política y violencia social que no refleja las promesas de crecimiento y bienestar ofrecidas entonces.
El economista mexicano Andrés Peñaloza, presidente de una asociación de asesoría e investigación, señaló que, siempre impulsadas por Estados Unidos, se han multiplicado las negociaciones para la firma de nuevos tratados, aun más amplios, como el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP), el Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) y el Tratado sobre el Mercado de Servicios (TISA) en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Todo se enrarece cuando se indica que cada convenio apuntala una política neoliberal que desdeña y pisotea los derechos humanos, y se burla de una denomina cláusula democrática de algunos de ellos.
Por ejemplo, 92 organizaciones europeas y latinoamericanas entregaron a los jefes de Estado y de gobierno reunidos en una reunión cumbre efectuada en Bruselas, Bélgica, una carta en la que denunciaron la “grave situación de los derechos humanos en México”.
Ahí se afirma que “México atraviesa una grave crisis en esta materia, reflejada en la desaparición de más de 23 000 personas, en 70 000 asesinatos extrajudiciales y más de 40 000 muertos en lo que va de la actual administración”.
Y volviendo al TLCAN, este, subrayo, no ha representado mejores condiciones de vida para los mexicanos, porque ha fracasado en cada una de sus promesas, ya que más comercio e inversiones no se han traducido en más y mejores empleos.
Afianzada en un millar de reformas constitucionales y modificaciones a leyes y reglamentos, el sistema jurídico mexicano se adaptó a las disposiciones del TLCAN, incluida la severa y reaccionaria reforma que legalizó el saqueo y explotación de las tierras de las comunidades y pequeños campesinos, mediante la venta y el arrendamiento a agroempresas y mineras nacionales y extranjeras.
A todo esto, se mantiene una política que no inspira confianza, que no ve, o no quiere ver, cuánto daño se ha hecho a México en este contexto, por lo cual no debe sorprender una situación política en la que resistencia sea la palabra de orden.
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