Castigar a los genocidas
14 de diciembre de 2017
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Treinta y seis años después del mayor genocidio conocido en estos tiempos en el hemisferio occidental, el presidente Salvador Sánchez Cerén. ha comenzado a sentar en el banquillo de los acusados a los presuntos culpables de tan horrendo crimen, en el que por lo menos fueron muertos 986 pobladores, entre ellos más de 500 niños.
Sánchez Cerén era uno de los guerrilleros en aquel entonces, miembro del Frente Nacional Farabundo Martí (FMLN), quien llegó democráticamente al poder, en elecciones limpias y transparentes, y está cumpliendo su promesa de enfrentar la delincuencia, eliminar el caldo de cultivo de su creación y propagación y llevar a los culpables de los crímenes de lesa humanidad a prisión.
El 12 diciembre de 1981, los soldados del batallón Atlácatl –entrenados en Panamá bajo las órdenes de la Agencia Central de Intelgencia (CIA) de Estados Unidos– se desplazaron al cantón Los Toriles, a dos kilómetros de El Mozote, en El Salvador. Varios de los habitantes del cantón intentaron inútilmente escapar. Igual que en El Mozote, los hombres, las mujeres y los niños fueron obligados a salir de sus hogares, alineados en la plaza, separados en grupos por edad y género, interrogados mediante tortura y ejecutados. Miembros del batallón Atlácatl realizaron acciones similares en los cantones de La Joya, el 11 de diciembre, y de Jocote Amarillo y de Cerro Pando, el 13 de diciembre.
Anteriormente, el 9 de diciembre, después de un enfrentamiento entre los soldados del gobierno y los guerrilleros, una compañía del batallón Atlácatl entró en el pueblo de Arambala. Obligaron a los pobladores a salir a la plaza del pueblo, separaron a los hombres de las mujeres y de los niños. Encerraron a las mujeres y a los niños en la iglesia y ordenaron a los hombres a permanecer en la plaza, los ataron y los acusaron de ser colaboradores de la guerrilla; los torturaron y se los llevaron en camiones. Los pobladores de Arambala solo encontraron los cuerpos de tres de los secuestrados.
El 27 de enero de 1982, un mes y medio después de la masacre, el periódico The New York Times publicó una nota del periodista Raymond Bonner, corresponsal en América Central, con fotografías de Susan Meiselas, que demostraba que en El Mozote se había cometido una gran matanza de civiles indefensos, y que el principal responsable era el ejército.
Ese mismo día, otro reportaje, obra de la periodista mexicana Alma Guillermo Prieto, apareció en el periódico The Washington Post y afirmaba que una masacre de grandes proporciones se había llevado a cabo en un pequeño caserío del norte de Morazán, y los pocos sobrevivientes aseguraban que la única responsable era la Fuerza Armada salvadoreña.
Raymond Bonner y Alma Guillermo Prieto fueron tildados de mentirosos por la Casa Blanca y por legisladores del Congreso estadounidense, que pocos días después, el 1 de febrero de 1982, aprobaron un nuevo aumento en la ayuda estadounidense al gobierno salvadoreño. El conservador periódico Wall Street Journal también puso en duda la veracidad de la información.
El gobierno salvadoreño, por su parte, negó la masacre durante años. Los presidentes de la Junta Revolucionaria (1979-1982), Álvaro Fortín Magaña (1982-1984) y José Napoleón Duarte (1984-1989) rechazaron rotundamente los rumores de una matanza en El Mozote y los atribuyeron a periodistas de tendencia comunista, deseosos de perjudicar la imagen de El Salvador.
El 26 de octubre de 1990, un campesino llamado Pedro Chicas Romero, que perdió a toda su familia en la masacre, presentó una denuncia, asesorado por la ONU, ante la justicia de El Salvador. El 30 de octubre de 1990, la Oficina de Tutela legal del Arzobispado de San Salvador presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se alega la responsabilidad internacional de la República de El Salvador por violaciones a los derechos humanos de 765 personas, ejecutadas extrajudicialmente durante el operativo militar realizado por las Fuerzas Armadas de El Salvador en los cantones de La Joya y Cerro Pando y los caseríos de El Mozote, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles en el mes de diciembre de 1981.
Alfredo Cristiani (1989-1994) continuó negando la existencia de la masacre hasta 1992, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense empezó a hacer excavaciones en el lugar. Altamente experimentados por su labor exhumando víctimas de la dictadura militar argentina (1976-1983), los antropólogos argentinos desenterraron numerosas osamentas y estudiaron, entre otros datos, los orificios de bala, su trayectoria, las fracturas que mostraban los huesos y la posición en que quedaron los cuerpos, y tras rigurosos análisis, corroboraron todo cuanto había relatado Rufina Amaya, una campesina sobreviviente, a la periodista Alma Guillermo Prieto en 1982.
El 6 de marzo del 2007, falleció Rufina Amaya sin haber visto justicia para sus cuatro hijos, su esposo y sus vecinos asesinados en El Mozote, mientras los documentos al respecto han desaparecido y existe una ley de amnistía general para evitar que los criminales sean juzgados.
Sánchez Cerén ha logrado ubicar a por lo menos 15 culpables del genocidio e intenta juzgarlos, a pesar de la ley de amnistía, y en este contexto hizo una depuración previa de elementos corruptos que pudieran ampararlos.
Tal depuración ha llevado a mejorar el cuerpo policial de tal manera que ha contribuido sanamente a la disminución de la delincuencia y llevado la tranquilidad a San Salvador y gran parte de la nación centroamericana, por lo cual ahora se presentan mejores condiciones para castigar a los culpables de genocidio en El Salvador.
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