Camino empedrado de corrupción
21 de agosto de 2023
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Bernardo Arévalo acaba de vencer en las elecciones presidenciales de Guatemala, pero no será hasta el muy distante mes de enero del 2024 que podrá asumir, mientras se avizoran todo tipo de amenazas para sacarlo de la política, y no esperar que un Congreso en el que su Movimiento Semilla es minoritario le haga imposible cualquier intento por salvar a la nación.
Y es que, aunque ganó inobjetablemente, con una amplísima ventaja sobre Sandra Torres, una rival que se había aliado al oficialismo y a lo más malsano para llegar en su tercer intento a la Presidencia, ya la Fiscalía General había adelantado que, aunque venciera en los comicios, seguiría investigando sobre él y los miembros de Semilla, con el claro objetivo de frustrar sus planes de extirpar la corrupción de la nación centroamericana.
Ahora se dice que Estados Unidos está de su lado e incluso envió al sumiso Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, a que fiscalizara unos comicios en los que, realmente, se jugó limpio, y ello explica el triunfo de un líder considerado socialdemócrata.
Pero no se puede olvidar que fue Estados Unidos el que ha respaldado en todo momento al oficialismo, sus jueces y su sistema, que se sienten amenazados por el electo mandatario, con amplio respaldo popular.
Y es que el sistema judicial de Guatemala no opera de manera imparcial. Recién se dio a conocer que un juez de alto nivel guatemalteco, Alejandro Sinibaldi, fue obligado a cerrar la investigación contra el exministro de Comunicaciones del régimen del fallecido Otto Pérez Molina, quien es acusado en varios casos de corrupción, incluido el de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
Decenas de exfuncionarios han sido beneficiados por el mal sistema de justicia. Así, la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, ha garantizado la no persecución de casos de alto impacto relacionados al crimen organizado, no solo del actual gobierno, sino en de los dos anteriores, manteniendo el compás de inacción del Ministerio Público, que se ha plegado a la voluntad de quienes han saqueado las arcas del Estado y han procurado impunidad.
Pero el tráfico de influencias y la impunidad no solo se limitan a la Corte Suprema de Justicia, sino a la máxima corte en temas constitucionales del país; las decisiones y fallos de la corte no son objetables, porque quienes los puso en el poder obedecen al mismo sistema que ha prevalecido desde hace décadas y que beneficia a unos cuantos.
Nunca en la historia del país había habido tanta corrupción en todos los órganos del estado y las instituciones y dependencias como en el gobierno de Alejandro Giamattei, mientras más exfuncionarios salen de las cárceles y la impunidad todavía es la regla que prevalece.
La Corte Suprema de Justicia lleva más de tres años perpetuándose en el poder de manera ilegítima, los jueces más probos han salido al exilio y los que no se encuentran bajo asedio por el mismo organismo Judicial.
LA PROTEGIDA Y SU PROTECTORA
Y como hemos salido de unas elecciones presidenciales en las que venció Bernardo Arévalo, clasificado sorprendentemente en la primera vuelta, es bueno recordar que su rival, Sandra Torres, ha sido protegida por la Fiscalía General, concretamente por Consuelo Porras, para librarla de casos en los que estaba envuelta por corrupción. El proceder de Porras era simplemente dejar que las cosas se mantuvieran congeladas y responder a quienes querían actuar contra Torres que” ustedes son unos exagerados”.
En el 2018 se hizo público el caso de financiamiento ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de Torres. En esa ocasión se documentó como tres empresas principales capturaban los fondos que eran redirigidos por otras pequeñas sociedades comerciales comandadas por diferentes operadores. Entre ellos, se encontraba el empresario Mario Leal Castillo, como el gran recaudador de la UNE. Pero también se mostró la participación del diputado Julio César Escame y también la forma en que el ex ejecutivo de la farmacéutica J.I. Cohen, Gustavo Alejas Cambara, quien fue también secretario privado del expresidente Álvaro Colom, había donado fondos ilícitos.
Todo un entramado también que incluía un sistema de corrupción creado en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- en el que se había adelantado crédito fiscal a varias empresas a cambio de desviar fondos a la campaña de la UNE.
Este caso estaba armado y documentado desde hacía meses, pero la Fiscal General no dio la orden de hacerlo público, sino hasta un día después de que Sandra Torres fuera inscrita como candidata presidencial del partido UNE. Gracias a Consuelo Porras, la líder de esta organización obtuvo inmunidad y se entorpeció todo el proceso para poder imputarla.
Así, la Corte Suprema de Justicia decidió proteger a Sandra Torres luego de ser señalada por el Ministerio Público, a pesar de tratarse de un caso bastante documentado, con todo tipo de pruebas orales y escritas. La exesposa del fallecido presidente Álvaro Colom pudo así concurrir a las elecciones.
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