Biden a dura prueba, con alguna ventaja

11 de enero de 2021

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Arnaldo Alfonso Musa Pachá

 

Tras haber superado los violentos intentos de Donald Trump para evitar la asunción presidencial de Joe Biden o, mejor dicho, su propia salida de la Casablanca, el nuevo mandatario tendrá un mejor panorama para arreglar la débil democracia norteamericana, al ganar los demócratas los dos puestos del Senado en disputa en Georgia, un estado generalmente republicano, pero que en la elección presidencial había votado por Biden.

Ahora, los demócratas, que ya controlaban la Cámara de Representantes, tienen paridad de puestos en el Senado, 50-50, pero la Constitución dice que la vicepresidencia, que asumirá Kamala Harris, desempataría cualquier situación.

Independientemente de lo que el establishment dominante diga lo que hay que hacer en la política exterior, la interna es sumamente compleja y demandará un presidente que, al contrario de Trump, gobierne para todos los norteamericanos y no para la clase dominante, ni exacerbe el odio y el racismo, ni sea capaz de indicar la utilización de la fuerza en favor de sus intereses personales.

Además de un país dividido, con elementos racistas armados, Biden tiene por delante la mala herencia dejada por Trump, debido a su tardía y errónea política en el tratamiento a la epidemia del nuevo coronavirus, que tiene en Estados Unidos su centro mundial en cuanto a la infección y muerte.

No hace mucho indicamos lo progresista en general que es el plan que, tras enfrentar la COVID-19, piensa poner en práctica, ahora que, como todo parece indicar, no debe tener grandes obstáculos en el Congreso, si funciona normalmente el flamante poder demócrata.

Biden, quien fue vicepresidente cuando Obama era el mandatario, conoce muy bien como las iniciativas de la primera gestión fueron inconsecuentes, cuando contaban la mayoría, para luego ser imposible hacerlas cumplir, al ser preponderante la presencia republicana en la segunda.

 

LAS BUENAS INTENCIONES

Biden ya ha adelantado iniciativas respecto a cambios en el sector de la justicia que conlleva la eliminación de la desigualdad ante la ley, ofreciendo beneficios a las minorías para que tengan un trato justo, con derecho a la educación y la salud.

Ampliará la financiación federal para la investigación y los servicios de salud mental y trastornos de uso de sustancias. Las personas que experimentan problemas de salud mental y trastornos por el uso de sustancias deben tener acceso a atención médica de calidad y asequible mucho antes de que sus situaciones se intensifiquen e interactúen con el sistema de justicia penal.

El Plan Biden ampliará la cobertura del seguro médico para que más estadounidenses tengan acceso a tratamiento, garantizará el cumplimiento de las leyes de igualdad de la salud mental y ampliará los fondos para los servicios de salud mental. Además, duplicará el número de psicólogos, consejeros, enfermeras, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud en las escuelas para que los educandos reciban la atención de salud mental que necesitan.

Hará que las personas que deberían recibir apoyo con servicios sociales, en lugar de estar en prisiones, logren conectar con la ayuda que necesitan. Con demasiada frecuencia, las personas que necesitan atención de salud mental o rehabilitación por un trastorno por uso de sustancias no reciben la atención que necesitan. En cambio, terminan teniendo interacciones con la policía que las llevan al encarcelamiento.

Lo mismo es cierto para las personas sin hogar. Eso no es justo para esas personas y tampoco para los oficiales de policía. Para cambiar la naturaleza de estas interacciones, la administración Biden financiará iniciativas para asociar a expertos en salud mental y trastornos del uso de sustancias, trabajadores sociales y defensores de la discapacidad, con los departamentos de policía.

Estos proveedores de servicios capacitarán a los oficiales de policía para reducir la intensidad de las interacciones con personas con graves trastornos emocionales antes de que se vuelvan violentas. También ayudarán a los oficiales de policía a aprender cómo acercarse mejor a las personas con ciertas discapacidades, como aquellas con autismo o que sean sordas, para que los malos entendidos no lleven al encarcelamiento.

Estos proveedores de servicios responderán a las llamadas junto con los oficiales de policía para que las personas que no deban estar en el sistema de justicia penal sean desviadas al tratamiento necesario por temas de adicción o problemas de salud mental, o se les proporcione la vivienda u otros servicios sociales que puedan necesitar.

Son muchos los acápites de un proyecto que el nuevo mandatario tratará de que se apruebe, ahora más con ambas cámaras que, teóricamente, le deben favorecer.