Bajo presión
8 de julio de 2022
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Próximo al año de la asunción de la presidencia de Perú, Pedro Castillo no ha encontrado ni un instante de paz en su gestión, con una oposición derechista que controla el Congreso, bloquea sus propuestas y hace lo inimaginable para destituirlo, rechazando gabinetes y censurando a ministros, al tiempo que sus comisiones construyen con la Fiscalía infundadas alegaciones sobre falsa corrupción, y elementos tarifados promueven manifestaciones que llegan al vandalismo.
Además de vetar a cuatro gabinetes e intentar destituirlo dos veces, esta oposición emplea cualesquiera medios a su alcance, principalmente los de comunicación, para denigrar al mandatario, así como a la vicepresidenta Dina Boluarte, quien ha permanecido junto al presidente contra viento y marea.
El divorcio de Castillo con el partido que le ayudó a conseguir la presidencia, Perú Libre, no provocó los efectos deseados por sus adversarios, porque por encima de las desavenencias, ha primado el respaldo del ente en las decisiones que impliquen el beneficio social.
El congresista de Perú Libre Guido Bellido –el primer premier que la oposición vetó– destacó que el partido defenderá de todas maneras el voto mayoritario en contra de algunos propósitos golpistas de los parlamentarios. Asimismo, señaló que con la salida del mandatario del grupo político ha quedado claro que no existe participación de terceros en la toma de decisiones.
Además, Bellido remarcó que el jefe de Estado nunca ha tenido una militancia efectiva en el partido y que se afilió a este con el propósito de participar en las Elecciones Generales 2021. Sin embargo, consideró que no existe resentimientos entre el jefe de Estado y la agrupación.
“En realidad, el presidente nunca ha estado en el partido, nunca ha tenido una militancia efectiva. El presidente se ha afiliado porque eran los requisitos para poder participar en el proceso electoral. Hay que tener en consideración eso. Pero que haya tenido una militancia efectiva, no, no ha ejercido las funciones ni los deberes. En todo caso, no puede haber resentimiento de ningún lado. Al contrario, tiene que haber fraternidad y diálogo. Y, por supuesto, la bancada de Perú Libre seguirá siendo soporte del gobierno, siempre que sea dialogada, consensuada y por la línea correcta, principalmente”, manifestó.
Por otra parte, Perú, que enfrenta con bonos de ayuda a la población más necesitada la carestía de combustibles y alimentos, se dispone a crecer este año en un 3,4%, el doble que en el 2021; aumentar las inversiones foráneas en condiciones de beneficio mutuo y redoblar el contacto con las masas, lo cual ha arrojado un saldo favorable, con la virtual nulidad mediante el diálogo de un peligroso paro de transportistas, atendiendo las demandas y eliminando el intento opositor de politizarlo, que ha recurrido al sabotaje de importantes oleoductos.
Empero, Castillo no desmaya y junto a su gabinete ha logrado éxitos en diversas líneas que conforman la reforma regulatoria que ayudará a integrar en el futuro a Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La reforma regulatoria permite a los equipos técnicos de las entidades públicas evaluar diversas alternativas de solución antes de emitir una norma, a fin de garantizar su buen diseño, promover el crecimiento económico y lograr una solución eficaz y eficiente para el problema que afecta a la sociedad, empresa y ciudadanía.
Antes de emitir una nueva norma las entidades deberán enviar su proyecto normativo a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (integrada, entre otros, por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), con la finalidad de evitar la duplicidad de normas, o que sean innecesarias, inaplicables o contradictorias; y asegurar que las que se aprueben tengan un enfoque centrado en el ciudadano.
DANDO LA CARA
A la luz de la Constitución peruana solo hay tres causales por las cuales se puede investigar a un presidente en ejercicio: por traición a la patria, por impedir elecciones, o por bloquear el funcionamiento del Congreso o los organismos electorales. No obstante, en esta oportunidad, la Fiscalía de la Nación quiere ir más allá y, sin pruebas fiables y con claros indicios de irregularidades, quiere enjuiciar a Castillo por presunta corrupción.
En las últimas dos décadas, varios de los predecesores de Castillo fueron acusados por corrupción en Perú, pero solo enfrentaron los procesos judiciales una vez que dejaron el cargo. Sin embargo, la decisión de continuar o no con las pesquisas ahora quedará en manos del juez Juan Carlos Checkle.
Según el fiscal general, el presidente peruano habría encabezado una organización criminal que obtuvo beneficios en la adjudicación de contratos para la construcción de infraestructura, una red en la que también estarían involucrados el exministro de Transportes, Juan Silva; el exsecretario general de la presidencia, Bruno Pacheco; y Fray Vásquez Castillo, quienes actualmente se encuentran prófugos de la justicia.
Mientras los abogados defensores de Castillo alegan que la investigación debería ser anulada, porque la acusación arranca con una atribución de delito, los representantes de la Fiscalía aducen que el proceso debe continuar, porque nunca antes hubo “indicios suficientes de que un presidente en ejercicio estaría usando su alto cargo para liderar una presunta organización criminal enquistada en el aparato del Estado para obtener ganancias ilícitas”.
Si el juez determina seguir con la investigación, el Ministerio Público, por primera vez en su historia, podrá indagar a un presidente en ejercicio, más allá de las causales establecidas en el artículo 117 de la Constitución. Según la Fiscalía, urgen las pesquisas para evitar la destrucción de pruebas.
Luego de comparecer ante la Fiscalía, el mandatario peruano reiteró que “no tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y honor. Cumpliendo mi palabra, he venido para aclarar y colaborar con la justicia”.
Castillo resaltó que “siempre estará dispuesto a dar la cara ante el sistema de justicia para lo que sea necesario, en aras de la transparencia, del respeto al pueblo peruano y el amor a mi familia. A pesar de todo, los objetivos planteados por el gobierno del pueblo se harán realidad, trabajando juntos, porque el Perú está por encima de cualquier circunstancia.
Este no es el primer proceso que enfrenta Castillo. La anterior fiscal general, Zoraida Ávalos, dejó una investigación abierta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, tras los polémicos ascensos en las Fuerzas Armadas de Perú, pero el proceso solo podrá iniciarse cuando el presidente culmine su mandato.
A finales del mes pasado, cuando se anunció la nueva investigación, Castillo aseguró que se trataba de “una persecución política irracional” en su contra, que también buscaría afectar a diferentes ministerios.
“Nos quieren poner el cliché de que somos corruptos. ¿Y el resto de gestiones? ¿Y los demás presidentes de la República? ¿Y los demás ministros? ¿Fueron santos? ¿No tienen nada ahora? ¿Los problemas del Perú están naciendo recién en este gobierno?”, cuestionó Castillo en esa oportunidad, tras reiterar que no había robado ningún centavo al país.
EL PRINCIPAL CAMINO
Al margen de un legislativo dominado por la reacción, el gobierno ha logrado algunos avances en las promesas de la campaña electoral, aunque la mayoría siguen congeladas por comisiones de la Asamblea, como el proyecto de un referéndum para lograr una nueva Carta Magna que reemplace a la fujimorista.
Gran parte de los que votaron por Castillo creen que la modificación de la Constitución traerá cambios significativos en la vida cotidiana de los oprimidos, y por lo tanto se están organizando en torno a esta reivindicación en campañas de juntar firmas y reuniones informativas.
Sin embargo, una modificación de las estructuras de la legalidad burguesa no representará un cambio significativo. Mientras el poder político y económico esté en manos de la clase capitalista, nada sustancial va a cambiar. Por más progresistas que sean las leyes, estas requieren del aparato estatal para implementarse y mientras este y las palancas fundamentales de la economía estén en manos de la burguesía, sólo servirán a sus intereses.
A pesar de que los medios de derecha afirman que el 70% de la población rechaza al mandatario (no mencionan mucho que casi el 90% lo hace con el Congreso), es indudable que existen muchas ilusiones y esperanzas de que este gobierno lleve adelante un cambio fundamental en las condiciones de vida de obreros y campesinos, pero solo con la lucha organizada de la clase trabajadora y el campesinado pobre, se podrá avanzar.
El gobierno de Castillo está sometido a la presión de dos fuerzas mutuamente irreconciliables; por una parte, la de las grandes multinacionales y sus agentes en la oligarquía capitalista peruana que quieren mantener a toda costa su poder y privilegios. No van a dudar en sabotear y chantajear al mandatario si trata de tocar sus intereses. Y lo harán con todos los medios a su alcance: el aparato del Estado, su mayoría parlamentaria, el control de los medios de comunicación, la injerencia imperialista, etc., tal como ocurrió con el gobierno de Salvador Allende en Chile (1971-73).
Por otra parte, el gobierno de Castillo también estará bajo la presión de las amplias masas obreras y campesinas, del pueblo trabajador y pobre que le ha votado esperando un cambio fundamental en sus condiciones de vida y trabajo. Si Castillo cede ante la oligarquía, perderá su apoyo, minando así la propia base de su gobierno, al que los capitalistas no dudarán en hacer a un lado.
Analistas progresistas coinciden en que, si decide actuar contra la oligarquía, tendrá el apoyo de obreros y campesinos, porque no se puede contentar a ambos sectores.
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