Aumenta el descontento en Panamá
28 de junio de 2025
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Esta no es la época de Omar Torrijos y de la reivindicación de la soberanía panameña sobre el Canal, sino de la continuación de regímenes capaces de entregar a la pequeña nación del istmo al imperialismo norteamericano, pasando por la explotación y corrupción que deja a su paso una oligarquía bancaria asociada al actual poder político.
Tantas décadas de descontento social han estallado en protestas masivas, que el actual gobierno de derecha de José Raúl Mulino, en vez de acceder al dialogo, utiliza el estado de excepción y otras políticas de mano dura que ya han provocado muertos, heridos y detenciones.
Las movilizaciones han contado con la participación de los sindicatos bananeros, de la construcción y de los docentes, que convocaron una huelga indefinida el 28 de abril, así como de estudiantes, feministas, poblaciones indígenas y otros movimientos sociales. Los reclamos se hacen eco de las reivindicaciones de las manifestaciones anteriores: la insuficiencia de los fondos de la seguridad social —que ahora enfrenta una privatización inminente, tras la aprobación de una nueva ley— y la intención declarada del presidente José Raúl Mulino de reabrir la mina Donoso, de propiedad canadiense.
La mina, una de las mayores extractoras de cobre del mundo, fue declarada inconstitucional en el 2023. A esto se suma la condena generalizada del memorándum firmado en abril entre el gobierno y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que permite una mayor presencia militar estadounidense en Panamá en torno a la zona del canal. El canal fue construido y gestionado por Estados Unidos durante su ocupación de Panamá, que duró casi un siglo y terminó en 1999 tras una larga lucha por la soberanía.
En resumen, la reforma de pensiones, los planes para reabrir una mina de cobre y la firma de un memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos fueron los detonantes de las protestas, que se han traducido en paros de docentes, trabajadores bananeros y obreros de la construcción.
La situación ha provocado una violenta polarización del país y una generalizada crispación social, que ha impactado en todas las actividades, en especial la educación pública.
La gente está muy descontenta, pero no es solamente por el desastroso proceder de un gobierno que no lleva más de un año en el poder, sino por la acumulación de problemas irresueltos durante cinco décadas, por lo cual a las protestas se han sumado reclamos en seguridad, salud y acceso al agua potable.
Al no tener organizaciones de izquierda que ayuden a la lucha popular y los partidos tradicionales estar permeados por el oficialismo, el movimiento se ha mantenido firme gracias a la labor de entidades sindicales, principalmente en la capital, Ciudad de Panamá, y otras urbes, aunque las protestas son mucho más fuertes en las zonas del interior, como la provincia de Bocas del Toro.
UN SÍMBOLO
Desde hace varias semanas, la provincia caribeña de Bocas del Toro tiene en vilo al gobierno de José Raúl Mulino. Durante décadas, la industria bananera y el turismo marcaron el ritmo en esta región fronteriza con Costa Rica. Ahora, Bocas del Toro se ha convertido en sinónimo de las manifestaciones que sacuden el país desde abril.
Las demostraciones pacíficas en su inicio fueron reprimidas a sangre y fuego por las tropas enviadas por el gobierno, sin que pudieran aplacarlas, por lo que optó por declarar el Estado de urgencia en Bocas del Toro.
En entrevista en el lugar con la agencia alema Deutsche Welle, el asesor académico Anastasio Rodríguez asegura que, actualmente, “la represión es más evidente. Se llevan a los dirigentes, en muchas ocasiones, sin tener evidencias claras de que hayan cometido un delito”.
Critica que el Estado aún no haya desarrollado un espacio de diálogo: “En este momento no hay un puente de comunicación, pero lo que sí se sabe es que todo el que hable en contra del gobierno, automáticamente, es judicializado. Hay mucha incertidumbre, hay mucho temor en la población de hablar de lo que está pasando en el país”.
A su vez, recoge EFE, la experta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana Lina Vega coincide en que “el gobierno ha manejado muy mal la crisis, especialmente en la forma como se comunica”. “Por otro lado”, prosigue, “a la oposición a la reforma de pensiones, se ha sumado una larga lista de agravios y malestares de la población, desde la falta de servicios públicos eficientes, hasta la corrupción e impunidad, que hacen muy difícil saber a dónde nos dirigimos. Por momentos, parece que quienes protestan buscan la caída del gobierno. Es una situación muy peligrosa”.
ENTREGA A USA
Pero Panamá no solo libra una batalla doméstica, sino que también se ha convertido en el centro de las conspiraciones geopolíticas, iniciadas con la visita del canciller de Trump, Marco Rubio, quien proclamó que “Mulino es pronorteamericano y gran amigo de Estados Unidos”, seguido de un memorándum de entendimiento en materia de Defensa, que Mulino firmó con Washington en abril pasado, uno de los detonantes de las protestas.
El acuerdo permite a Estados Unidos tener presencia en áreas específicas. Sin embargo, gran parte de la población teme que se trate de bases militares camuflajeadas. Para Estados Unidos, el Canal de Panamá es una necesidad, y lo que ha hecho es inventarse una mentira con respecto a la presencia de China en Panamá, para generar un convenio que viola todas las normas del Derecho Internacional.
HOJA DELICUENCIAL
El gobierno de Mulino, encabezado por el partido de derecha RM (Realizando Metas), respondió a las protestas con violencia, y el presidente declaró su oposición a las manifestaciones desde el principio. Según se informa, más de trescientos manifestantes enfrentan cargos judiciales y más de mil fueron llevados ante jueces de paz. Con el reciente despido por la multinacional Chiquita de más de cinco mil trabajadores bananeros en la provincia de Bocas del Toro, está claro que las grandes empresas también están tomando represalias. En respuesta, centenares de obreros tomaron instalaciones de la empresa y le dieron fuego.
Como ministro de Seguridad durante el gobierno de Ricardo Martinelli en el 2010, el propio Mulino desempeñó un papel clave en la represión de los trabajadores bananeros en huelga de Bocas del Toro, conflicto cuyo saldo fue de once muertos, dos ciegos y sesenta y siete personas parcialmente ciegas debido a la represión con balas de goma, según Human Rights Watch, una entidad supuestamente humanitaria subvencionada por el imperialismo.
Ahora, como presidente, su administración está intensificando la represión, especialmente contra los sindicatos. Ordenó la detención de sus líderes, allanó oficinas sin orden judicial, cerró cooperativas afiliadas e intentó recortar la financiación esencial de los docentes.
El sindicato de trabajadores de la construcción, SUNTRACS, también el más grande y militante del país, está sufriendo el embate de los esfuerzos del gobierno. Ya en febrero Mulino se había referido a la organización como una “mafia terrorista”. El secretario general de SUNTRACS, Saúl Méndez, también con orden de detención, se encuentra actualmente a la espera de asilo político en la embajada de Bolivia.
Entre los cargos contra él figuran el lavado de dinero y el fraude, y algunas de las denuncias se remontan a casi veinte años atrás. Si bien estos cargos aún deben ser probados en los tribunales, los métodos del gobierno han alarmado incluso a los adversarios políticos de SUNTRACS en la derecha. Los críticos han contrastado esta persecución con la inacción del gobierno respecto al expresidente Martinelli, entonces jefe del ministro Mulino en el 2010, quien fue condenado y recibió asilo político en Colombia en mayo.
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