Atentado a la vida
1 de octubre de 2020
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La intensificación de los incendios en la Amazonía no tiene nada de casual y obedece a una política propugnada por el presidente Jair Bolsonaro de dar rienda suelta a todo lo que les apetece a las compañías que utilizan ejércitos privados y expulsan a los indígenas de los territorios que les pertenecen para beneficiar el negocio agroindustrial.
No es la primera vez y, lamentablemente, no será la última que se hable acerca del maltrato que sufre el bien llamado pulmón del planeta, un asunto tan deleznable que hasta gobiernos occidentales han condenado el hecho.
Así, bajo el pretexto de evitar la caída de la economía y que hay una mejoría de la situación, algo que no tiene fundamento real, se está aplicando una política miope de debilitar o interrumpir las regulaciones ambientales, lo cual sólo servirá para peor.
Los científicos nos advierten, y debemos subrayarlo, que la deforestación, la agricultura industrial, el comercio ilegal de vida silvestre, el cambio climático y otros tipos de degradación ambiental aumentan el riesgo de futuras pandemias, elevando la probabilidad de graves violaciones de los derechos humanos.
Todo lo anterior demuestra que una de las lecciones aprendidas en la actual situación es que hay que conservar un medioambiente limpio, saludable y seguro, así que todo lo anterior se debe desarrollar de una manera sostenible.
Del mismo modo, tres cuartas partes de las enfermedades infecciosas emergentes son por “zoonosis”, o sea que se transmiten de los animales salvajes o domesticados a los humanos, como por ejemplo sucede con el ébola, el SARS y el MERS, aunque aún no hay confirmación si esto ocurre con la muy extendida y peligrosa pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.
Todos hemos oído hablar de las políticas erróneas, inhumanas diría, del presidente norteamericano, Donald Trump, y el propio Bolsonaro, quienes han puesto respectivamente a Estados Unidos y Brasil en la cima de infestados y defunciones, coincidiendo en frases como el sacrificio vale la pena, indicando que las vidas que se pierden no son de personas útiles.
Y es que son gobiernos que, en aras de que los más poderosos no mermen sus ganancias, no sólo han cometido la irresponsabilidad de levantar las cuarentenas, sino que hasta han relajado, repito, sus políticas de protección al medioambiente, pretextando que éste ha mejorado con la política de restricción ante la COVID-19.
Ante la gravedad de la situación, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y el Medioambiente, David Boyad, manifestó que tales acciones son “irracionales, irresponsables y ponen en peligro los derechos de las personas vulnerables”.
Las irresponsabilidades no sólo provienen de gobiernos como el de Estados Unidos, a cuyo presidente le importa un bledo la vida humana, y más cuando es la de sus detractores, sino de “sesudos” de Europa, que incluyen Alemania, España y escandinavos.
Así no sólo se atenta contra el derecho a la vida, sino también contra la salud, el agua, la cultura, la alimentación y a desenvolverse en un ambiente saludable.
Tal y como nos indican las evidencias científicas, las personas que habitan en zonas con mayores niveles de contaminación atmosférica, sufren un mayor riesgo de muerte prematura a causa de la COVID-19, por lo cual el acceso al agua limpia es esencial para evitar que las personas contraigan y propaguen el virus.
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