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A propósito de la “justicia” en Chile

13 de julio de 2018

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La noticia apareció en un Hilo Directo del periódico Granma. “Cuatro ex agentes de Pinochet sentenciados en Chile”, dice el texto noticioso.

Me llamó mucho la atención que a esta altura –45 años después del golpe militar propiciado por el dictador chileno– es que se haga “justicia”, si justicia es condenar a cinco años y un día de prisión a personas que ejecutaron o se vincularon directamente con las sangrientas jornadas que posteriores al ataque y toma del Palacio de la Moneda y la muerte de Salvador Allende.

Y aquí no debiera servirnos el dicho de que “la justicia tarda pero llega”. Más bien debe constituir un acto vergonzoso que una sociedad pudiera convivir con tantos años de silencio ante crímenes tan horrendos como los cometidos por Augusto Pinochet y sus secuaces, fundamentalmente los carabineros.

El “Hilo” aparecido en Granma señala que cuatro agentes de la dictadura de Pinochet fueron sentenciados por el juez Mario Carroza, por secuestro y desaparición de Néstor Gallardo Agüero en 1974. Gallardo fue una de las 119 víctimas de la denominada Operación Colombo.

Los acusados en cuestión son un ex general, un ex brigadier, un ex coronel y un ex oficial.

Difícil o quizás imposible será conocer algún día cuántas víctimas del régimen de Pinochet fueron ejecutadas directamente o en complicidad con estos oficiales que luego de vivir impunemente durante más de 40 años, ahora la “justicia chilena” dictamina una pena que parece salida de una película de ficción que nada tiene que ver con la verdad.

Recordemos que el propio Pinochet, más que un dictador, un ejecutor de crímenes de lesa humanidad en Chile, falleció tranquilamente en un hospital de Santiago, la capital del país sudamericano, sin que la llamada justicia lo hubiese condenado nunca.

Gobernó durante más de 17 años y al abandonar el poder dejó a los chilenos el pesado lastre de instituciones militares, reglamentos castrenses y otras leyes o decisiones escritas que durante años continuaron siendo parte del entramado jurídico del país.

Quizás por todo ello es que se hayan esperado 45 años para condenar, si es que esa es la palabra correcta, a personas vinculadas con el ex gobernante en los años donde en Chile predominaba el crimen.

Sucedió en el país austral y también en Argentina. En esta última nación aun hoy aparecen nietos de aquellas madres a las que les fueron arrebatados sus hijos que nunca aparecieron con vida y cuyos menores fueron entregados a desconocidos.

Era la época de la “Operación Cóndor”, bajo la batuta de la inteligencia norteamericana, que impuso regímenes militares en varios países de Sudamérica y que en su conjunto perdieron a miles de sus hijos de la forma más horrible.

Por eso me impacta que hoy se estén juzgando con penas irrisorias a militares involucrados en esa criminalidad generalizada que predominó en Chile bajo el mandato de Augusto Pinochet.

Las manos manchadas de sangre no pueden lavarse con penas simbólicas luego de esperar 45 años para ser aplicada.

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