América y José Miguel III

7 de junio de 2013

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Miraida Medina

José Miguel Gómez llegó a la presidencia con 51 años; hombre de múltiples y ricas experiencias, se mantendría en el centro de la vida nacional hasta su muerte. El “Guajiro del Jíbaro”, había arribado al poder luego de participar durante años en la urdimbre política; quizá, sea acertado comenzar por su retraimiento a las elecciones de 1905 –a las que se presentaría como candidato del liberalismo–, respuesta a la postura reeleccionista de Estrada Palma, por su breve pero activa y astuta participación en la consecuente “Guerrita de agosto” de 1906, donde fue detenido antes de incorporarse al alzamiento.
Electo para la más alta magistratura en los comicios de 1908, a los que asistió como líder del Partido Liberal luego de imponerse a las aspiraciones de Alfredo Zayas en el seno de esa tendencia, su gobierno estrenó las secretarías de Justicia y Sanidad. Estas, fueron creadas por la Ley del Poder Ejecutivo aprobada por la Comisión Consultiva en 1907 durante el gobierno interventor de Charles Magoon.  Varias veces reformado, el gabinete miguelista fue estrenado  por  el coronel Justo García Vélez, hijo de Calixto García,  en la secretaría de Estado, Luis Octavio Diviñó en la de Justicia, coronel Nicolás Alberdi Golzarri en Gobernación, Marcelino Díaz de Villegas en Hacienda, coronel Matías Duque Perdomo en Sanidad, el escritor  Ramón Meza (Mi tío el empleado) en Instrucción Pública, Ortelio Foyo Portal en Agricultura, Benito Lagueruela Rubio en Obras Públicas y José Lorenzo  Castellanos en la Presidencia.  Martín Morúa Delgado presidió el Senado y el coronel Orestes Ferrara,  la Cámara de Representantes.
Entre los fraudes de la administración de José Miguel Gómez, los más estudiados son la desecación de la Ciénaga de Zapata, la concesión del dragado de puertos y el canje de la antigua estación ferroviaria de Villanueva por los terrenos del Arsenal.  Todos ellos, encontraron resistencia en la opinión pública y en el Congreso, pero fueron aprobados y ejecutados de alguna u otra manera y con determinada envergadura.
En 1910, se anunció la transacción, aprobada por el Congreso en julio de 1910 luego de fuertes debates y presiones políticas, del cambio de los terrenos  de la estación de Villanueva –donde se construyó luego el Capitolio–, propiedad de una compañía inglesa, por los del Arsenal –con posterioridad se construyó allí la estación de trenes de La Habana– de mucho más valor y pertenecientes al Estado.
El dragado de puertos fue aprobado por ley de febrero de 1911; consistió en una inversión de la Cuba Ports Co. para dragar y limpiar los puertos durante treinta años; como retribución, se fijó un impuesto sobre tonelada de cada buque que entrara en los puertos y sobre tonelada de carbón importado; sin dudas, esto significaba, en perjuicio del Estado, fabulosas ganancias para esa empresa a lo largo de las tres décadas fijadas por el contrato. Pocos días antes de terminar su período, en mayo de 1913, José Miguel debió modificar el decreto ante las continuas críticas públicas de que era objeto.
La controversia sobre la desecación de la Ciénaga de Zapata, comenzó en junio de 1912 con el decreto presidencial para la concesión a la Compañía Agrícola de Zapata del privilegio de este negocio en un plazo de ocho años. La retribución, sería el derecho exclusivo a la explotación forestal de la zona y la libre disposición de los terrenos ganados al agua; una vez planteada la desaprobación del gobierno norteamericano a través de su embajador con el argumento de proteger los recursos naturales, se derogó la concesión, sólo para después, a interés de Washington, ser otorgada a un ciudadano norteamericano.