Gota a gota
21 de enero de 2019
|
La ruptura del diálogo de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia era ya un hecho, antes del reconocimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) este lunes de la autoría del atentado en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional en Santander, con balance de 21 muertos y 89 heridos, ninguno civil.
Aunque no se esté de acuerdo con actos de este tipo, que pueden mover a ser calificados de terrorista, el ELN aduce en un comunicado que fue una “operación lícita” dentro del derecho de la guerra, destacando que “no hubo ninguna víctima no combatiente”.
Recordó que la entidad había decretado una tregua, que cumplía estrictamente, pero que el gobierno de Iván Duque, en vez de reciprocar el gesto, con el fin de facilitar el diálogo, intensificó las operaciones militares y para buscar ventajas.
Ante la protesta generalizada por el atentado, el ELN pidió una amplia investigación y pronunciamientos de organizaciones internacionales para que determinen justamente el derecho de la organización de utilizar este procedimiento en legítimo derecho de defensa, e insistió en que no hubo víctimas civiles en un atentado contra un escuela formadora de policías que se prestaban a continuar el asesinato de líderes políticos, así como llamó a reanudar el diálogo de paz, estableciendo medidas para evitar su interrupción.
Mientras tanto, otros dos líderes sociales fueron asesinados, elevando a 86 el número al respecto en el aún corto mandato de Iván Duque, lo que recuerda los más de 500 crímenes en este sentido cometidos durante el anterior gobernó de Juan Manuel Santos.
El Fiscal General, Néstor Humberto Santos, quien ya había determinado la autoría del ELN en el atentado en la escuela policial, afirmó anteriormente en relación con los asesinatos políticos, que los principales autores de estos asesinatos pertenecen al ‘Clan del Golfo’, la mayor organización criminal del país y heredera de los grupos paramilitares, además de otras bandas de delincuencia organizada.
“Tenemos que redoblar la defensa de los líderes sociales y de los ciudadanos de a pie que están siendo objeto de la acción de grupos al margen de la ley en los territorios del postconflicto”, señaló.
Pero desde la llegada de Duque a la Presidencia este tipo de hecho ha ido en ascenso, colmando gota a gota el vaso de la espera de quienes han estado insistiendo en el diálogo negociador.
Además, se ha señalado frecuentemente que integrantes del ejército, incluso con militares norteamericanos, colaboran con grupos de mercenarios pagados por los latifundistas en la protección de todo tipo de plantaciones que colocan a Colombia como uno de los principales exportadores y Estados Unidos de receptor en el sucio y lucrativo negocio del narcotráfico.
Inocultable
E independientemente de que sea o no lícita la utilización del procedimiento utilizado por el ELN, lo cierto es que es inocultable la decisión de Duque de buscar todo tipo de pretexto para interrumpir el diálogo de paz y seguir dejando las manos libres a quienes asesinan o hacen desaparecer a líderes políticos, sociales, obreros e indígenas.
En este 2019, ha recrudecido la persecución contra las organizaciones sociales y políticas que critican y protestan contra el régimen. En atentados perpetrados en todos los rincones de Colombia siguen cayendo asesinados o quedando gravemente heridos, numerosos líderes sociales; hasta conseguir el régimen, la terrible meta de matar uno cada día.
El patrón que se repite es idéntico, porque matan a los líderes de organizaciones que protestan y se oponen al régimen; los autores materiales, mayoritariamente son sicarios pertenecientes a mafias y bandas; quien determina los crímenes, o sea, quienes deciden eliminar cada día, son las agencias de inteligencia policiales y militares; el móvil de los crímenes es el despojo de la tierra, limpiar un territorio de oponentes a proyectos mineros y petroleros, hidroeléctricos y de agronegocios; también para imponer erradicación forzada de cultivos de coca mediante fumigaciones de Glifosato.
En conclusión, este plan sistemático de exterminio de la dirigencia popular, contiene cuatro elementos básicos que se repiten: la misma clase de víctima, un victimario único, el mismo tipo de agente o autor material y un móvil de crimen similar. Por eso, se está ante un nuevo genocidio político que perpetra el régimen de Duque.
Hay que recordar que hasta la década de los 80 del siglo pasado, el descabezamiento de las organizaciones populares lo hacían de forma abierta con las Fuerzas Armadas.
En los 90, masificaron los escuadrones narco paramilitares, llamados AUC para hacer esta tarea.
En la primera década de este siglo, la matanza de líderes y gente humilde del pueblo, la hizo el régimen a través de Operaciones Encubiertas, con ejecuciones extrajudiciales denominadas “Falsos Positivos”.
El actual genocidio es “gota a gota”, uno a uno, pero sin detenerse cada día.
Comentarios
