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Cerco al terrorismo

12 de diciembre de 2017

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Cierto que no es igual que la victoria sirio-rusa contra los terroristas del Estado Islámico, pero ya el cerco a los enemigos del pueblo de Venezuela tuvo semejante hito memorable con los resultados electorales del pasado domingo, en los que las fuerzas revolucionaras obtuvieron el 92% de las 335 alcaldías y ganaron la gobernatura en disputa del estado de Zulia, abandonada por la derecha.

Y si se utiliza la palabra cerco no es por gusto, debido a que el vandalismo desatado meses atrás por la oposición tuvieron  su desarrollo precisamente donde las alcaldías y gobernaturas eran reductos del vandalismo.

Ahora 300 municipios y 19 de los 23 estados tienen dirigentes chavistas, que trabajarán junto al Presidente de la República y harán más factible los planes de desarrollo y el enfrentamiento a la guerra económica desatada por el imperialismo y sus acólitos internos que no cesa y se intensifica.

En este contexto, el Gobierno Bolivariano ha dado un importante paso al lograr el apoyo de 414 acreedores en el primer encuentro de renegociación y refinanciamiento de la deuda externa, pese a las presiones y amenazas de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, ya se está aplicando la Ley de Abastecimiento Soberano y de Precios Acordados, elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), como mecanismo para neutralizar los exorbitantes precios de bienes y servicios.

Asimismo, se ha pagado el aguinaldo a tres millones de pensionados y jubilados protegidos por el Estado y el bono navideño a cuatro millones de familias inscritas en el sistema del Carnet de la Patria, en tanto hasta este venidero 15 se seguirán distribuyendo perniles a familias venezolanas, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción y la Feria del Campo Soberano.

El mayor control revolucionario logrado en estos importantes comicios tiene un significado importante, subrayo, para esa guerra económica contra Venezuela dirigida personalmente por el presidente norteamericano, Donald Trump, un maestro en todo tipo de negocios, por los que ha amasado una fortuna de más de 10 000 millones de dólares.

Desde mediados de octubre, el quinto mayor importador estadounidense de crudo venezolano, PBF Energy Inc., suspendió las compras directas a la petrolera estatal PDVSA,

Además de las “sanciones individuales” contra 13 altos funcionarios venezolanos, entre ellos autoridades militares, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ejecutivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA),Trump impuso una medida que “prohíbe realizar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal”, según el comunicado de la Casa Blanca.

La exportación de petróleo venezolano hacia EE.UU. bajó a menos de 500 000 barriles por día en septiembre pasado, un 38% menos que durante el mismo mes en 2016 debido a las sanciones financieras.

La decisión de PBF Energy, importante cliente de PDVSA en EEUU, intenta empeorar la situación financiera de la estatal venezolana para complicar sus pagos de deuda en las próximas semana, superior a los mil millones de dólares.

Esto también supone una complicación adicional a la importación de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, en una clara maniobra de guerra económica y financiera contra Venezuela, dado que su objetivo fundamental consiste en restringir los ingresos del país y su comercio internacional, además de limitar la oferta de alimentos y medicamentos, con el fin de presionar un aumento en los precios.

Mecanismos como las “banderas rojas” están destinados a retrasar operaciones de empresas estatales –así como sus funcionarios– como el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), Suministros Venezolanos Industriales, CA (Suvinca), el Banco de Comercio Exterior (Bancoex), la Compañía Nacional de Teléfonos (Cantv), la Corporación Eléctrica (Corpoelec), Banco Económico y Social de Venezuela (Bandes) y entidades estatales similares, con el pretexto de que “pueden tratar de utilizar el sistema financiero estadounidense para trasladar u ocultar el producto de la corrupción pública” y que sus funcionarios “pueden tratar de canalizar los ingresos ilícitos a través de empresas estatales menos conocidas o recién creadas o empresas afiliadas”.

Es importante destacar que ni el Departamento del Tesoro y otras entidades estadounidenses han mostrado pruebas que sustenten sus acciones contra Venezuela, en una clara señal de que actúan políticamente, buscando socavar las bases económicas y financieras del Estado venezolano.

Ahora, con esta nueva victoria electoral, la tercera en menos de cuatro meses, el pueblo estará más preparado para enfrentar cualquier agresión de Estados Unos y cercar al terrorismo interno que tanto daño hace a la nación.

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