Donde vivir es morir
10 de enero de 2017
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Durante años y años, tanto en gobiernos reaccionarios como progresistas, la situación de desesperaciónde los presos comunes brasileños ha generado violencia extrema, aunque nunca como en las últimas semanas, principalmente en lo poco de este enero del 2017, en el que ya se han reportado cinco motines con elevado número de muertos (más de un centenar), heridos y hasta desaparecidos.
Cuerpos quemados y decapitados, violaciones en grupo, todo lo más indigno de la violencia humana ha salido a relucir en esas demostraciones vandálicas, provocadas por el gran abandono oficial, la corrupción de las autoridades carcelarias, el hacinamiento y el hambre.
Mientras se conoce que gobernadores y alcaides de prisión gozan de suculentas y lujosas cenas, no importa la crisis económica, hay testimonios de la hambruna en prisiones, hasta tal punto que el diario Folha de Sao Paulo ha mostrado a presos injiriendo arroz y pollo crudos, robados de las despensas.
Quien tenga acceso a Internet con cierta velocidad, claro, podrá observar videos de tal crudeza que hieren los sentidos, pero no es necesario contemplarlos para saber que algo hay que hacer y que las actuales autoridades del gobierno golpista de Temer tendrán que dejar a un lado su pretensión respaldada por el corrupto legislativo de no aumentar los gastos sociales en por lo menos 20 años.
Conocemos que el depuesto gobierno de Dilma Rousseff había integrado comisiones para conocer de cerca el drama carcelario, pero ocurre que algunos de sus integrantes eran cómplices de funcionarios que esquilmaron el presupuesto oficial al respecto.
Pero más que contar los muertos en las reyertas provocadas por pandillas rivales y la desidia de los funcionarios de las prisiones, habría que indicar la urgente necesidad de nuevas construcciones para aliviar el hacinamiento y de una real política de derechos humanos que eduque sanamente a la población y disminuya al mínimo las posibilidades y el deseo de delinquir.
PRONUNCIADO HACINAMIENTO
Un informe de la entidad norteamericana Human Rights Watch (HRW) pone énfasis en el problema de hacinamiento, el cual es más pronunciado en Pernambuco que en los otros 25 estados de Brasil.
Pernambuco cuenta con espacio para alojar a 10 500 presos, pero tiene más del triple de esa cantidad. La prisión de Igarassu albergaba 3 788 presos hacinados en celdas diseñadas para hospedar a 507 personas. El Complejo Curado tiene espacio para 1 800 personas, pero ha estado alojando en torno a 7000.
El problema del hacinamiento también se encuentra muy extendido en todo Brasil — país que alberga a la cuarta mayor población carcelaria del mundo.
La población carcelaria creció 161% desde el 2000 hasta el 2014, llegando a 607 000 reclusos en junio de ese año, hacinados en instalaciones diseñadas para acoger un máximo de 376 000. La Asociación de Abogados de Brasil afirmó que al final del 2016 la cifra sobrepasó las 700 000 personas.
Algunas de las prisiones brasileñas están completamente controladas por las pandillas, quienes gestionan el tráfico de drogas y robos, y han incluso demostrado que son capaces de orquestar asesinatos por venganza en el exterior de los centros.
Las cárceles visitadas por HRW estaban escasamente supervisadas por guardias oficiales que habían abandonado cualquier intención de imponer el orden y en cambio habían cedido el control a los denominados chaveiros (los que tienen las llaves).
Los chaveiros tienden a ser los prisioneros más imponentes, a menudo con condenas por asesinato, y existe evidencia que demuestra que los funcionarios han aceptado sobornos para nominar determinados reclusos para realizar este papel.
Una de las principales raíces que han generado el hacinamiento extremo en las cárceles se encuentra en un programa del gobierno local del año 2007 llamado el Pacto Pela Vida (Pacto por la Vid). Este programa mejoró la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales e incorporó recompensas para los oficiales que arrestaran a más personas. HRW afirma que estas políticas han provocado un fuerte incremento de la población carcelaria del estado, la cual ha aumentado en un 68% desde el 2007.
La superpoblación se debe también a la alta proporción de reclusos en prisión preventiva. El número de presos en todo Brasil que no han sido declarados culpables y no tienen condena destaca por lo elevado, siendo de un 41%por ciento a nivel nacional. Muchos detenidos ni siquiera están acusados de crímenes violentos.
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