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Antes y después de Ayotzinapa

2 de julio de 2015

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Tema no este que, aunque manido, no deja de ser trascendente para una nación como México, espoleada por tantos años de mal gobierno, incluido el actual.
Muy probablemente el presidente Peña Nieto concluya su mandato, pero tal vez su ejercicio del poder, después de Ayotzinapa, ya no será igual.
Independientemente de que su Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió a liderar, aunque frugalmente, en las más recientes elecciones legislativas, siguen las informaciones acerca de su posible renuncia, no solo por lo de Ayotzinapa, sino por su presunto mal estado de salud, cuestión repetidamente desmentida.
Pero renuncia o no, es difícil obviar lo mal que manejó el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre último, a manos del grupo criminal Guerreros Unidos, con la complicidad de la policía municipal de Iguala, lo cual detonó una crisis política y social que movilizó a varios sectores de la población.
En el hipotético caso de que el jefe del Ejecutivo dimitiera, su sucesor probablemente saldría de las mismas filas que su partido gobernante, el PRI. Pero un cambio de mandatario no sería suficiente para una mejora  en la situación que atraviesa el país.
Además de los crecientes cuestionamientos (a nivel nacional e internacional) al gobierno y su capacidad para ofrecer justicia a los desaparecidos y sus víctimas, un reclamo se hace más fuerte en las marchas y protestas: la renuncia del presidente.
Lo cierto es que desde este suceso sus acciones están bajo el mayor escrutinio de varios sectores de la sociedad.
En el 2013 y la primera mitad del 2014, el gobierno de Peña recibió una fuerte propaganda de los principales medios de información, pero no de la progresista, por la batería de reformas estructurales aprobadas, muy combatidas desde la oposición, que lo acusaba de entregar el país a la voracidad de las trasnacionales extranjeras.
El 11 de agosto pasado, sólo 47 días antes de los hechos de Iguala, el mandatario promulgó las leyes secundarias de la reforma energética y posteriormente mantuvo las que pretende realizar en educación, que ha despertado la indignación de miles de maestros en peligro de despido.
Pero la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la violencia como el principal factor de riesgo para el crecimiento económico, según los especialistas consultados por el Banco de México (Banxico), pusieron en jaque a su gobierno.
LA CUESTIÓN NO  ES PRESIDENCIAL
El problema no es el presidente, sino las condiciones y la forma en que el crimen organizado se infiltró en las instituciones de gobierno, más allá de quien esté.
En Guerrero renunció el gobernador, pero eso no implicó que cambiara la situación. No es suficiente con que el gobierno renuncie sin que haya un conjunto de acciones que tengan que ver con la restitución del Estado de derecho.
Por eso, Las portadas de The Economist ya no ponen al Presidente como un estadista capaz de cambiar al país con su pragmatismo y su habilidad política. Los medios internacionales olvidan las reformas estructurales, cuando la ingobernabilidad, la  violencia y la ineficacia policial toman por asalto la escena política.
“No hay futuro vivo con pasado muerto”, decían los manifestantes de la Plaza de Mayo en Argentina ante la necesidad de juzgar los crímenes de la dictadura. Trasladando la misma frase a México, no habrá modernidad, ni crecimiento, ni transformación, mientras casos como el de Atyozinapa sigan siendo una realidad permanente en el país.
“La realidad muerde”, señaló alguna vez “The Economist” ante los magros resultados en materia económica de México. Frase que aplica perfectamente a la situación que vive la Presidencia. Peña Nieto colocó a la inseguridad como un tema secundario de su sexenio. y ahora la realidad se le ha plantado de frente.
El manejo de la crisis derivada de Ayotzinapa puede ser editado y puesto en circulación como el “manual de cómo no se resuelven las crisis”. La intervención del Gobierno Federal -ya que poco se puede esperar de estados y municipios- combinó una serie de errores, omisiones y resbalones que ilustra la poca capacidad para salir de situaciones críticas.
Pero la situación es aun más grave de lo escrito hasta ahora, y habrá que abordarla en un extenso comentario. Es un problema profundo, estructural, que será muy difícil de resolver, mientras haya gobiernos que sigan intereses ajenos al pueblo y no defiendan los mas elementales derechos humanos.

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